En una audiencia de apelación celebrada el viernes 24 de julio, el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá decidió prorrogar por un año el principio de oportunidad concedido a Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías y excandidato al Senado por el Centro Democrático, en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht. La decisión de segunda instancia revocó la negativa previa de otro juez capitalino, que había intentado frenar su inmunidad penal, y mantiene vigente la doble condición de García como investigado y testigo colaborador de la Fiscalía.
Para el despacho judicial, la prórroga de este beneficio resulta “útil” para impulsar el curso de las pesquisas en el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de sobornos transnacionales que salpicó a varios funcionarios colombianos. La medida implica que García Arizabaleta continúa protegido de un eventual procesamiento penal a cambio de su cooperación con la justicia, un mecanismo que la Fiscalía ha empleado para desentrañar los hilos de la trama de corrupción que afectó millonarios contratos de infraestructura vial en el país.
Un beneficio controvertido
La decisión del tribunal bogotano no está exenta de controversia. La defensa de García había solicitado la extensión de la inmunidad penal argumentando que su colaboración sigue siendo necesaria para la Fiscalía, mientras que sectores críticos señalan que el principio de oportunidad podría estar diluyendo la responsabilidad de uno de los implicados directos en la adjudicación de contratos irregulares. El juzgado, sin embargo, consideró que los elementos aportados por el exdirector de Invías hasta ahora han sido clave para avanzar en las pesquisas, por lo que su permanencia como testigo colaborador se justifica en aras de la eficacia investigativa.
El caso Odebrecht, que estalló en 2016, ha dejado una estela de condenas y acuerdos en varios países de América Latina. En Colombia, las investigaciones han señalado a altos funcionarios y empresarios por recibir sobornos a cambio de millonarios contratos de obras públicas. La prórroga de García Arizabaleta se suma a una serie de decisiones judiciales que buscan equilibrar la necesidad de justicia con la colaboración de los testigos protegidos, en un proceso que aún tiene varios capítulos por escribirse en los tribunales del país.
«La prórroga del principio de oportunidad no implica impunidad, sino una herramienta estratégica para llegar al fondo de la corrupción que involucró a Odebrecht en Colombia», señalaron fuentes cercanas al caso, aunque la Fiscalía no se pronunció oficialmente tras la audiencia.
Análisis de contexto judicial, medios nacionales
Con esta decisión, García Arizabaleta mantiene su estatus procesal por al menos un año más, mientras las autoridades continúan tratando de esclarecer la magnitud completa de los sobornos y las responsabilidades políticas y empresariales en el mayor caso de corrupción que haya enfrentado el país en décadas.
