La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, calificó como “inaceptable” que el presidente Gustavo Petro cuestione la transparencia de las elecciones presidenciales sin pruebas suficientes, alertando sobre riesgos para la institucionalidad democrática. En un hilo publicado en su cuenta de X, la dirigente gremial, quien también preside Acolgen, rechazó de manera enfática las declaraciones del mandatario en las que pone en duda los resultados electorales de la primera vuelta del 31 de mayo, en la que el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se impuso sobre Iván Cepeda.
Gutiérrez sostuvo que el presidente no puede usar su cargo para intervenir en política, sembrar sospechas sobre las elecciones y hablar de fraude sin pruebas suficientes. La dirigente advirtió que aceptar después un resultado no borra el daño causado, ya que las acusaciones de fraude, cuando se hacen sin sustento, viajan más rápido que cualquier rectificación y dejan instalada una sospecha injustificada sobre todo el proceso democrático. Además, recordó que un fallo judicial ordenó a Petro rectificar sus señalamientos, por lo que persistir en esa narrativa desconoce decisiones judiciales.
Las acusaciones de Petro y la respuesta de los organismos electorales
El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta oficial de X presuntas pruebas de irregularidades, entre ellas la modificación del software electoral y la incorporación irregular de 885.000 cédulas al censo, lo que, según él, habría inflado el número de votantes. También señaló que en 5.300 mesas la cantidad de votos superó la capacidad física de los puestos de votación. Petro afirmó que presentaba las bases comprobadas del posible fraude, que podía entregar a la autoridad competente, y exigió a la Registraduría la entrega del código fuente del sistema de conteo, compartiendo archivos con supuestas inconsistencias.
Sin embargo, los organismos observadores, como la Misión de Observación Electoral, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, descartaron irregularidades relevantes. La Registraduría desmintió alteración del censo o del software, y señaló que el 26 de mayo, fecha señalada por Petro, no hubo modificación al sistema. La autoridad electoral también argumentó que las diferencias en mesas con más votos que capacidad física corresponden a votos en el exterior, específicamente en consulados y embajadas. El censo electoral se cerró el 30 de abril con 41.421.973 colombianos habilitados para votar, y la Registraduría publicó el 4 de mayo los potenciales de votantes y la distribución de puestos.
«Frente a la participación indebida en política, el discurso de fraude sin pruebas y el desconocimiento de decisiones judiciales, el país no puede silencio. Defender la democracia exige poner límites claros a quienes pretenden erosionarla desde el poder».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
Incluso el candidato Iván Cepeda, quien inicialmente replicó las acusaciones de Petro, reconoció luego que su equipo de auditoría no halló anomalías. Pese a ello, el mandatario ha mantenido su postura. La segunda vuelta presidencial está prevista para el 21 de junio de 2026, y Gutiérrez hizo un llamado a la institucionalidad para que se garantice un proceso limpio y transparente, sin injerencias que debiliten la confianza pública. En su intervención, dejó claro que el país no puede permanecer en silencio ante lo que considera una erosión deliberada de la democracia desde el poder.
