En una decisión que ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p.m. La medida, emitida mediante un auto el pasado 10 de junio y amparada en la Ley 1952 de 2019, que regula las medidas cautelares en procesos disciplinarios, se da por una supuesta intervención del mandatario en política de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la decisión no fue debatida ni votada por la totalidad de la Comisión, ni ha sido tramitada ante la plenaria de la Cámara o el Senado, lo que ha sembrado serias dudas sobre su validez constitucional.
Un trámite incompleto genera controversia
La ausencia del debido proceso ha sido el principal punto de crítica. La suspensión cautelar no contó con el aval del Senado, que según el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, es el único órgano facultado para suspender al jefe de Estado. Benedetti fue enfático al afirmar que «en derecho» no existe la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones suspenda al mandatario, subrayando que el trámite constitucional no se ha cumplido a cabalidad. El presidente Petro, por su parte, defendió su inocencia y rechazó la acusación, señalando que no ha hecho intervención en política. «Es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado», manifestó el mandatario, quien ha calificado la acción como un intento de persecución.
Voces de alerta desde el sector privado
La controversia ha encendido las alarmas en distintos sectores. María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, advirtió sobre el riesgo de sobredimensionar el impacto de una decisión que carece de efectos jurídicos inmediatos. «Hay un riesgo evidente que no podemos ignorar: caer en la trampa. Sobredimensionar un acto sin efectos puede terminar dándole oxígeno al relato de persecución y victimización», afirmó Lacouture, quien recordó que el camino no lo define una firma ni un titular, sino la Constitución, la Comisión, la Cámara y el Senado. En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la situación como «muy sospechosa», al señalar que una representante del Pacto Histórico haya decidido suspender al presidente. «Los ciudadanos estamos siendo sujetos de intenciones de manipulación del más alto nivel», sostuvo Mac Master, quien además cuestionó si existen motivaciones electorales detrás de la medida.
«Una narrativa no necesita ser válida para hacer daño, le basta con que todos la repitamos»
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia
El contexto político de una decisión sin precedentes
La resolución de Arizabaleta, quien llegó a la Cámara en 2022 por el Valle del Cauca con aval de la Alianza Democrática Amplia, parte de la extinta coalición del Pacto Histórico, se produce en medio de la segunda vuelta electoral que enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que, hasta que no se surta el trámite completo ante el Senado, la suspensión no es efectiva. Bruce Mac Master también puso sobre la mesa preguntas clave: ¿acaso Arizabaleta tenía facultad para decidir sin una acusación formal? ¿Hay un cálculo político detrás de esta movida? Tanto Lacouture como Mac Master hicieron un llamado a la cautela y a no caer en provocaciones, insistiendo en que cualquier investigación debe seguir el trámite constitucional integral para que surta efectos jurídicos. Por ahora, el país observa con atención si esta decisión se convierte en un nuevo capítulo de la polarización o si, como advierten los analistas, termina siendo «ruido con apariencia de decisión».
