El Ministerio de la Igualdad y Equidad inició formalmente los preparativos para su cierre administrativo, tras la circular interna enviada la noche del 9 de junio por el ministro Luis Alfredo Acosta. La medida se da ante la inminente desaparición de la cartera, ordenada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por incumplir los requisitos de aval fiscal durante su trámite legislativo. Con un plazo límite fijado para el 20 de junio, el Gobierno se enfrenta a la extinción de una entidad que apenas comenzaba a operar, mientras unos 580 trabajadores, incluyendo personal de oficinas regionales, quedan en la incertidumbre laboral.
La circular interna establece un cronograma de cierre que otorga a la mayoría de las oficinas plazo hasta el 17 de junio para culminar actividades y entregar informes de empalme. La Oficina de Planeación, por su parte, debe consolidar información sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Paz, con miras a entregarla a un eventual agente liquidador. Sin embargo, aún no se ha designado a dicha figura ni existe un decreto formal de liquidación, lo que agrava la confusión entre los funcionarios. La Subdirección de Talento Humano, que debería orientar a los empleados sobre su situación, tampoco tiene respuestas claras, según denunció el sindicato SintraIgualdad.
Incertidumbre laboral y programas en riesgo
La vocera de SintraIgualdad, citada por El Tiempo, expresó la angustia que reina en la entidad: «Nosotros todavía no tenemos decreto de liquidación. El Presidente emitió una directiva en la que pidió garantizar que no hubiera traumatismos para los trabajadores y que no se perdieran los programas. Sin embargo, seguimos sin respuestas claras». La misma fuente agregó que «la misma Subdirección de Talento Humano nos dijo que tampoco sabe qué va a pasar. Y justamente debería ser una de las áreas encargadas de orientar a los funcionarios sobre su situación». Esta falta de certezas pone en vilo la continuidad de programas dirigidos a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad, que quedarían sin el respaldo de la cartera.
«Nosotros todavía no tenemos decreto de liquidación. El Presidente emitió una directiva en la que pidió garantizar que no hubiera traumatismos para los trabajadores y que no se perdieran los programas. Sin embargo, seguimos sin respuestas claras»
Vocera de SintraIgualdad, citada por El Tiempo
El presidente Gustavo Petro expidió una directiva presidencial ordenando preparar el desmonte de la entidad y atribuyó la falla a que el proyecto correctivo “no ha contado con el impulso y la voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite”. Con solo siete días hábiles restantes para el final de la actual legislatura del Congreso, al 10 de junio, las posibilidades de aprobar una nueva ley que salve al Ministerio son prácticamente nulas. La directiva instruye a entidades como el Ministerio del Interior, Hacienda, Justicia, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Prosperidad Social a asumir las funciones de la cartera y presentar actos administrativos antes del 17 de junio para garantizar la continuidad de los programas. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acompañará el proceso para mitigar riesgos de demandas laborales o administrativas, mientras la Función Pública orientará técnicamente la reubicación de funciones y empleos dentro de otras entidades estatales. Pese a estos esfuerzos, la desaparición del Ministerio de la Igualdad deja un vacío institucional y una profunda incertidumbre para sus trabajadores y las poblaciones que atendía.
