Los organismos de control del Estado colombiano encendieron las alarmas sobre el creciente avance de la minería ilegal en el páramo de Santurbán, un ecosistema estratégico para la provisión de agua en Santander y Norte de Santander. En la más reciente entrega del XXV Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, con corte al 30 de abril de 2026, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los retrasos en la delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín han superado los ocho años, creando un vacío institucional que ha sido aprovechado por estructuras ilegales dedicadas a la extracción ilícita de minerales y a la expansión de la informalidad en la zona.
La orden de la Corte Constitucional, emitida en 2017, exigía una nueva delimitación del páramo con un enfoque participativo que involucrara a las comunidades y autoridades locales. Sin embargo, el informe revela que este proceso aún no se completa. Como ejemplo concreto de la falta de avance, se constató que, de las mesas de concertación programadas para el primer cuatrimestre de 2026 en quince municipios —entre ellos Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander—, ninguna fue realizada. Esta parálisis ha limitado severamente la capacidad institucional para ejercer control territorial, propiciando un entorno propicio para la minería criminal.
Incumplimientos reiterados y falta de transparencia
El informe no solo señala la demora en la delimitación, sino que también pone en evidencia un patrón de incumplimientos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según los entes de control, la cartera no entregó oportunamente el informe de seguimiento correspondiente al periodo de enero a abril de 2026, una situación que se ha vuelto recurrente desde 2019. A esto se suma la negativa a proporcionar información técnica sobre las resoluciones de zonas de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios de Santander, así como serias deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”. Allí se detectó la ausencia de información reciente, contradicciones entre los cronogramas publicados y los reportados, y la falta de publicación de los informes de seguimiento, lo que atenta contra la transparencia del proceso.
Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría hicieron un llamado contundente al Ministerio de Ambiente para que presente un cronograma definitivo, público y verificable, establezca fechas concretas para las mesas de concertación pendientes y fije un plazo perentorio para la expedición del acto administrativo definitivo de delimitación. La urgencia radica en que Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de la región, y la afectación ambiental por la minería ilegal tiene serias repercusiones en la seguridad hídrica y los ecosistemas de páramo.
Acciones legales y disciplinarias en curso
Como consecuencia de las graves falencias detectadas, los organismos de control han iniciado acciones que trascienden las recomendaciones. La Procuraduría General de la Nación remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las actividades de extracción ilícita de minerales en las áreas cercanas a Santurbán. Al mismo tiempo, se anunció el traslado de copias a las dependencias disciplinarias competentes con el fin de evaluar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en el retraso y los incumplimientos sistemáticos reportados.
Mientras la delimitación del páramo sigue en el limbo, la minería ilegal avanza sin control, poniendo en riesgo no solo un ecosistema invaluable sino también la sostenibilidad de las comunidades que dependen de sus recursos hídricos. El reloj corre y la orden judicial que buscaba proteger este territorio lleva ya más de ocho años esperando ser cumplida a cabalidad.
