Un grupo de treinta académicos, exfuncionarios y especialistas en seguridad y justicia presentó la «Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia», una hoja de ruta dirigida al próximo gobierno y al Congreso. La iniciativa, liderada por figuras como Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa y excomisionado de paz; María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá Región; Daniela Gómez Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz; Jorge Restrepo, director del Cerac; Jairo García Guerrero, exviceministro de Defensa, y Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, surge en el escenario previo a las elecciones presidenciales del 21 de junio, cuando la seguridad y el acceso a la justicia se han convertido en preocupaciones centrales para los colombianos.
El documento, elaborado desde la sociedad civil, propone una política pública basada en principios democráticos, fortalecimiento institucional y respeto a los derechos humanos, en un contexto donde la inseguridad urbana y el crimen organizado siguen expandiéndose y diversas estructuras criminales consolidan su control territorial. Los firmantes advierten que Colombia enfrenta un panorama complejo: la tasa de homicidios cerró 2025 en 27,8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio regional de 17,6 y del mundial de 5,6 por cada 100.000 habitantes. Ante esta realidad, la declaración plantea un modelo de seguridad democrático que combine firmeza institucional, capacidad estratégica y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Una hoja de ruta para los próximos cuatro años
Los expertos proponen una visión de seguridad que no se mida solo con indicadores operativos como capturas, bajas o incautaciones, sino que transforme condiciones de vida y consolide presencia institucional en los territorios. «Necesita firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo. Esta declaración es nuestra contribución a ese propósito: una hoja de ruta desde la sociedad civil para los próximos cuatro años», afirman los firmantes en el texto. La declaración identifica desafíos estructurales como el hacinamiento carcelario, la falta de programas de resocialización, las dificultades en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la ausencia de mecanismos eficaces de sometimiento, los debates sobre política de drogas y la necesidad de fortalecer programas de prevención.
«El desafío actual es perseguir con eficacia y disputar legítimamente la gobernanza criminal de organizaciones que delinquen, crean ejércitos, ejercen control territorial, construyen legitimidad ante las comunidades y proveen bienes y servicios.»
Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia
Frente al crimen organizado, los especialistas proponen un enfoque integral: «Un Estado maduro negocia con quien es posible negociar y somete a quien no acepta otra salida, pues la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda», señala el documento. Además, la declaración hace un llamado al Congreso para que apruebe reformas que fortalezcan las capacidades institucionales, y pide al próximo presidente nuevas herramientas jurídicas y de política pública. La iniciativa también se extiende a las altas cortes, la Fiscalía, universidades, centros de pensamiento, organizaciones de derechos humanos, sector privado, gobiernos locales y cooperación internacional, invitándolos a una discusión técnica y permanente sobre los retos de seguridad y justicia del país.
Los firmantes, vinculados a universidades, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al análisis de seguridad y justicia, insisten en que la seguridad debe entenderse como un pilar fundamental de la democracia y no como una excusa para el autoritarismo. En un momento en que el país se alista para elegir presidente el 21 de junio, la declaración se presenta como una contribución técnica y ciudadana para orientar las políticas que marcarán el rumbo de Colombia en los próximos cuatro años.
