La justicia colombiana legalizó la captura de alias Víctor Chalá, señalado como el principal responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, y de otros cinco individuos detenidos en un operativo realizado en el departamento del Tolima. La audiencia virtual, celebrada el pasado 14 de junio, sirvió para imputar cargos y definir la situación judicial de los seis capturados, todos vinculados a una compleja red criminal que, según las investigaciones, pretendía desviar armamento de una empresa de seguridad hacia disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El caso, que ha conmocionado al gremio periodístico y a la opinión pública antioqueña, avanza con el procesamiento de los involucrados en un hecho que enluta la libertad de prensa en el país.
El operativo que condujo a la detención de alias Víctor Chalá fue liderado por el grupo Grate antiterrorismo de la Dijín de la Policía Nacional, en un peaje del Tolima. Chalá, quien figuraba en la lista de los más buscados del departamento de Antioquia, enfrenta imputaciones por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas. Tras la audiencia, fue enviado a un centro penitenciario en Bogotá, donde permanecerá bajo medida de aseguramiento intramural. Los otros cinco detenidos, identificados como empresarios del sector de la seguridad en Antioquia, fueron imputados por porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y también quedaron bajo medida intramural.
Contexto del crimen y avance de las investigaciones
El homicidio de Mateo Pérez Rueda ocurrió semanas atrás en la vereda Palmichal, ubicada en el municipio de Briceño, norte de Antioquia. El periodista, reconocido por su labor en medios locales, fue atacado en una zona que ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Desde entonces, las autoridades desplegaron una intensa búsqueda para dar con los responsables, logrando ubicar a alias Chalá, quien era considerado el principal sospechoso del crimen. La investigación también reveló una presunta trama de corrupción y tráfico de armas que involucraba a los empresarios de seguridad, quienes habrían facilitado el desvío de material bélico hacia las disidencias de las Farc.
La Policía Nacional, a través del grupo Grate antiterrorismo de la Dijín, sigue recopilando pruebas para esclarecer todos los vínculos de esta red delictiva. Las autoridades no descartan nuevas capturas y mantienen bajo reserva detalles adicionales sobre el plan para desviar armamento. La noticia continúa en desarrollo, mientras la Fiscalía avanza en la judicialización de los procesados y la comunidad periodística demanda justicia plena por el asesinato de Mateo Pérez Rueda.
