El presidente Gustavo Petro firmó el sábado 13 de junio de 2026 el Decreto 0603, una medida que suspende temporalmente las operaciones militares ofensivas y las acciones especiales de policía para facilitar el traslado de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) hacia una zona de ubicación temporal en el área rural de Valle del Guamuez, Putumayo. La suspensión, que comenzó a regir desde las 00:00 horas del 14 de junio y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del viernes 19 de junio, busca permitir el preagrupamiento y llegada de miembros de la estructura Comandos de Frontera-EB a la Zona para la Capacitación Integral y de Ubicación Temporal, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.
La vigencia del decreto es de seis días, y coincide con la recta final de la campaña para la segunda vuelta electoral, programada dos días después del fin de la suspensión, donde más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El documento, firmado por el presidente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito integrado por el Gobierno, la Cneb y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que será el encargado de implementar y supervisar la zona. Además, se conformará un Puesto de Mando Unificado liderado por la Gobernación de Putumayo para coordinar las operaciones.
Un proceso de paz que avanza en medio de la confrontación
El traslado de los integrantes del Cneb se enmarca en una serie de acuerdos previos: el acuerdo 10 del 25 de mayo de 2025 autorizó la zona para hasta 120 miembros —60 en Nariño y 60 en Putumayo—, mientras que el acuerdo 14 del 5 de diciembre de 2025 definió el inicio gradual de la ubicación en Valle del Guamuez. El protocolo 8 del 12 de diciembre de 2025 fijó los procedimientos de desplazamiento, y la resolución 053 del 25 de febrero de 2026 formalizó la autorización de la zona. El séptimo ciclo de diálogos, concluido el 26 de abril de 2026, aprobó la hoja de ruta para el desplazamiento que ahora se ejecuta con este decreto. La firma ocurre en un contexto de confrontación armada en Putumayo, lo que añade tensión a la medida.
El decreto justifica la suspensión temporal como una medida necesaria para «la protección de la vida e integridad de quienes participan en la implementación de la zona». Durante el desplazamiento, la Cneb se compromete a no realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública, y el Gobierno, por su parte, exime de responsabilidad penal y disciplinaria a los funcionarios y miembros de la fuerza pública que actúen en estricto cumplimiento del decreto. La Unidad Nacional de Protección (UNP) estará a cargo de proteger al personal del mecanismo de monitoreo, mientras que la Policía Nacional asegurará las instalaciones de la zona temporal.
Impacto y alcance de la suspensión
La suspensión no es general: solo aplica en los lugares y rutas acordados en la mesa de negociación, cuya información es reservada para garantizar la seguridad de los desplazamientos. El artículo 9 del decreto refuerza que esta medida no afecta la obligación constitucional de la fuerza pública de mantener el orden y proteger a la población, por lo que las autoridades continúan ejerciendo sus funciones regulares en el resto del territorio. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación está estructurado en cuatro niveles: una instancia general de coordinación, un equipo local de monitoreo permanente, una comisión de verificación de incidentes y una comisión de resolución de controversias, lo que busca asegurar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos.
Con esta firma, el Gobierno Petro da un paso concreto en el proceso de paz con la Cneb, aunque la cercanía de las elecciones presidenciales y la situación de orden público en Putumayo mantienen la atención sobre los efectos de la medida. La zona de Valle del Guamuez se perfila como el escenario inicial para el tránsito «gradual y progresivo» de los integrantes de este grupo hacia la vida civil, un objetivo central de la política de Paz Total que ahora enfrenta la prueba de su implementación en terreno.
