La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una alerta pública contra el Decreto 0552 expedido el pasado 1 de junio de 2026 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que otorga al Ejecutivo facultades para sancionar y cobrar indemnizaciones a empresas sin intervención judicial. Según el gremio, esta norma reemplaza el fallido Proyecto de Ley 153, impulsado por el senador Iván Cepeda, que tras casi un año de debate no logró aprobación en el Congreso.
En un comunicado, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, señaló que el decreto contiene tres artículos particularmente controvertidos que permiten al Gobierno imponer sanciones y exigir reparaciones a través de procedimientos administrativos unilaterales, sin necesidad de juicio, prueba o ley que lo respalde. “Una nueva herramienta de presión contra el sector privado”, afirmó Cabal, quien agregó que “el Gobierno no pudo lograr en el Congreso lo que ahora quiere imponer por decreto”.
Los alcances del decreto
El Decreto 0552 establece plazos específicos para su implementación: seis meses como máximo para comenzar a aplicar las medidas, un ciclo de revisión y ajuste institucional del plan de acción cada cinco años, y un plazo de tres meses para que las entidades públicas conformen grupos internos de trabajo. Además, crea el Comité Técnico Especializado de Derechos Humanos y Empresas, bajo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, dirigida por Lourdes Castro García, del que hacen parte once ministerios y más de treinta organismos públicos, sociales y gremiales.
“El debate legislativo, con participación de Fenalco, evidenció que sus disposiciones vulneraban la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el debido proceso. El Gobierno recurrió entonces al decreto reglamentario”, declaró Jaime Cabal.
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
Fenalco cuestiona que la norma excede lo permitido por el artículo 189, numeral 11, de la Constitución colombiana. “Este nuevo decreto le daría al Gobierno el poder para cobrar indemnizaciones a las empresas sin juicio, sin prueba y sin ley”, advirtió Cabal. El gremio sostiene que se genera incertidumbre para el sector privado, se debilita el equilibrio de poderes y se sienta un precedente al imponer responsabilidades a empresas sin control judicial.
El Gobierno, por su parte, defiende la medida basándose en obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia con la OCDE, la OIT y el Acuerdo de Escazú, y ha dispuesto que las entidades públicas presenten informes anuales de avances y ajusten sus planes presupuestales para cumplir con el decreto. Sin embargo, Fenalco insiste en que se trata de una imposición ilegítima que atenta contra la seguridad jurídica del sector empresarial colombiano.
Con esta alerta, el gremio busca poner en evidencia lo que considera un exceso del Ejecutivo y llamar la atención sobre los riesgos que corre el debido proceso y la libertad de empresa en el país, mientras el Congreso, que no aprobó la iniciativa original, observa cómo el Gobierno avanza por la vía reglamentaria.
