El exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda propuso endurecer los requisitos para convocar una asamblea constituyente mediante una reforma al artículo 376 de la Constitución, al tiempo que defendió la Carta de 1991 y criticó el proyecto de ley de convocatoria que ha circulado en el Congreso, al que calificó como una “constituyente de bolsillo”. En declaraciones al diario El Tiempo, Cepeda planteó que la ley que convoque a una constituyente limitada debe ser aprobada por dos tercios de los miembros de ambas cámaras, mientras que si se trata de una constituyente ilimitada —como la que han estado proponiendo sectores cercanos al Gobierno— la mayoría exigida debe ser de tres cuartas partes. El expresidente del alto tribunal consideró que el umbral actual permitiría que una facción imponga una nueva Constitución sin consensos amplios.
La propuesta de Cepeda busca modificar el artículo 376 de la Constitución para elevar las mayorías requeridas, una iniciativa que podría ser presentada por cualquier congresista. El jurista señaló que no existe un bloqueo institucional que justifique una nueva constituyente, pues durante el actual gobierno se han aprobado reformas constitucionales y leyes impulsadas por el Ejecutivo. “Aquí no ha habido bloqueo, es una disculpa para acabar con la Constitución del 91 en materia de frenos y contrapesos, que garantizan la independencia de la justicia”, afirmó Cepeda, quien defendió la Constitución de 1991, surgida de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en medio de la crisis por narcoterrorismo y la necesidad de reformas institucionales.
Críticas al proyecto de convocatoria
Cepeda cuestionó que el proyecto de ley de convocatoria que ha circulado no defina el sistema electoral para elegir a los miembros de la constituyente, delegándolo al Presidente por decreto. “Se insinúa que es el Presidente, por decreto, el que va a fijar las reglas de elección de los constituyentes. O sea, iríamos a una constituyente de bolsillo, amarrada a lo que el Ejecutivo de turno quiera”, manifestó. Además, criticó que la propuesta contemple representación por sectores sociales —indígenas, afrodescendientes, campesinos— argumentando que la soberanía popular es indivisible: “La soberanía popular no es divisible, no se puede partir, fraccionar. La constituyente debe representar al pueblo entero, no a sectores, fracciones del pueblo”.
El exmagistrado recordó que la Constitución exige que la ley de convocatoria pase por control previo de la Corte Constitucional antes de ser sometida a votación popular. También señaló que, aunque sectores cercanos al Gobierno han indicado que no se insistirá en la propuesta de asamblea constituyente, el comité promotor de firmas para respaldarla sigue activo. “El presidente Petro no alcanzó; sin embargo, el comité de firmas sigue vivo”, afirmó Cepeda, añadiendo que si el Gobierno realmente quisiera desistir de la constituyente, debería disolver formalmente el comité y detener la recolección de firmas.
“Establecer que cualquier ley que convoque a una asamblea constituyente debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de una y otra cámara. Y si esa constituyente es ilimitada, como esta que han estado proponiendo, la mayoría debe ser de las tres cuartas partes”
Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional
“No es que la Constitución no pueda ser reformada. Claro que sí, pero respetando las reglas de juego, por consenso, sin que una facción le imponga a todo el pueblo la constitución de bolsillo que quieren para gobernar de manera autoritaria”
Manuel José Cepeda
El debate sobre la asamblea constituyente ha estado presente en la agenda política desde que el gobierno de Gustavo Petro impulsó la discusión. Aunque desde sectores cercanos al Ejecutivo se ha dicho que no se insistirá en la propuesta, Cepeda advierte que el comité de firmas sigue activo y que la iniciativa legislativa que circula no garantiza los consensos necesarios. En su defensa de la Constitución de 1991, el exmagistrado subrayó que es posible reformarla, pero siempre respetando las reglas y con amplios acuerdos para evitar una imposición autoritaria.
