El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este miércoles que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a las solicitudes de protección para cuatro concejales de la ciudad que han recibido amenazas en el ejercicio de sus funciones, mientras que, según sus palabras, desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) sí se protege a exjefes de las Farc como alias Calarcá. La crítica del mandatario local se produjo luego de que, a través de un oficio enviado el pasado 25 de abril de 2026 al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, advirtiera del riesgo que corren los cabildantes Alejandro de Bedout Arango, Andrés Felipe Tobón Villada, Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Claudia Victoria Carrasquilla Minami, sin que a la fecha, cuando ya han transcurrido casi dos meses, se haya recibido una respuesta oficial desde Bogotá.
En su denuncia, Gutiérrez señaló que los concejales amenazados son, además, opositores democráticos al gobierno del presidente Gustavo Petro, y que la falta de atención por parte del Ejecutivo contrasta con la protección que, afirmó, se les brinda a antiguos cabecillas de las Farc a través de la UNP. «El Gobierno de Petro ha hecho caso omiso a las amenazas que existen sobre algunos concejales de Medellín, que son además opositores democráticos a su gobierno. En cambio sí protegen desde la UNP a los cabecillas de las Farc, como alias Calarcá y muchos otros», manifestó el alcalde.
Oficio sin respuesta y la intervención de la Procuraduría
El oficio radicado por la Alcaldía de Medellín el 25 de abril solicitaba, de manera formal y con carácter urgente, que se adelantara la valoración del nivel de riesgo de los cuatro concejales y se adoptaran las medidas de protección efectivas para prevenir hechos que pudieran afectar su vida, su integridad personal y el adecuado ejercicio de sus funciones. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que el silencio del Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, ha sido absoluto. «Hace unos días oficié de manera formal al Ministerio del Interior sobre el riesgo que existe para los concejales. Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta, no hemos recibido respuesta», reiteró el alcalde.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación emitió un oficio el 16 de junio de 2026, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en el que solicita a la UNP iniciar la ruta de protección individual para los concejales mencionados y adoptar las medidas inmediatas que el caso amerita. El ente de control pidió además que se informe sobre las actuaciones adelantadas en el caso.
«En atención a lo anterior, y en cumplimiento del deber constitucional y legal de las autoridades de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los servidores públicos, respetuosamente solicito se adelante, con carácter urgente, la valoración de sus niveles de riesgo y la adopción de las medidas de protección efectivas a que haya lugar»
Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, en oficio del 25 de abril de 2026
La denuncia del alcalde de Medellín pone de nuevo sobre la mesa las tensiones entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales en materia de seguridad, especialmente cuando se trata de servidores públicos amenazados por el cumplimiento de su labor. Mientras la Procuraduría ya solicitó acciones concretas a la UNP, desde la Alcaldía se espera que el Ministerio del Interior rompa el silencio y atienda una solicitud que, según Gutiérrez, ha sido ignorada durante casi dos meses, dejando en vilo la seguridad de cuatro concejales que, en medio de las amenazas, siguen ejerciendo su labor de control político y representación en Medellín.
