Un balance oficial revelado por la Fiscalía General de la Nación ha puesto en evidencia el estancamiento de la política de Paz Total del Gobierno Petro en lo que respecta a la figura de los gestores de paz. Los exparamilitares designados para este rol, entre ellos Salvatore Mancuso, ‘Macaco’, ‘Jorge 40’, ‘Cuco Vanoy’ y ‘Don Berna’, han incumplido de manera sistemática los planes de trabajo y las actas de compromiso suscritas, con una ejecución de sentencias que apenas alcanza el 10% según las cifras de la Fiscalía. La desalentadora realidad contrasta con los objetivos planteados hace casi un año, cuando en octubre de 2024 se emitió la resolución que los designó como gestores, un estatus que no modifica su situación jurídica ni las medidas de aseguramiento vigentes, lo que obligó a algunos a cumplir funciones desde prisiones en el extranjero.
El comité encargado de dar seguimiento a estos procesos, liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo se ha reunido en una ocasión, durante un acto de instalación realizado en Valledupar. Desde entonces, el proceso permanece completamente paralizado. Los compromisos abarcaban regiones como Casanare, Carmen de Bolívar, Montes de María y la frontera con Venezuela, e incluían iniciativas concretas como la búsqueda de personas desaparecidas, contribuciones a la verdad, actos de reparación a las víctimas y la entrega de bienes. Sin embargo, ninguna de estas acciones se ha materializado, a pesar de que se suscribieron 16 planes de trabajo y actas de compromiso.
Promesas incumplidas y regiones olvidadas
Entre los planes fallidos se encuentran proyectos emblemáticos que generaron expectativas en las comunidades. El exparamilitar ‘Martín Llanos’ se había comprometido a crear un museo interactivo en Casanare, mientras que ‘Diego Vecino’ prometió un encuentro comunitario y un acto público de perdón en El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar que sufrió una de las masacres más atroces de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por su parte, Salvatore Mancuso, quien ha reiterado en múltiples ocasiones su voluntad de aportar verdad, debía liderar acciones de búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela, realizar homenajes a las víctimas y actos de reconocimiento en universidades y en los hornos de Juan Frío, donde se presume que fueron incinerados cientos de cuerpos. Ninguna de estas iniciativas se ha cumplido.
El balance genera dudas sobre la efectividad de la figura de gestor de paz, creada por el Gobierno Petro como una herramienta temporal para facilitar acercamientos, promover la reconciliación y desescalar la violencia. La idea era retomar y concluir los acuerdos firmados en 2003 con las AUC, que en su momento llevaron a la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Este nuevo rol buscaba que los exparamilitares contribuyeran activamente a la verdad, la reparación y la búsqueda de desaparecidos, pero la inacción evidenciada en este primer año de vigencia de las designaciones pone en entredicho la viabilidad de la estrategia.
La situación se vuelve aún más compleja si se considera que otras figuras del crimen organizado, como Miguel Rodríguez Orejuela, exlíder del Cartel de Cali, han solicitado ser designados gestores de paz, aunque este último permanece preso en Estados Unidos. La opinión pública está dividida y las víctimas, que esperaban avances concretos en la localización de fosas comunes y en la reparación simbólica, ven con creciente escepticismo un proceso que, por ahora, solo ha dejado reuniones fallidas y promesas incumplidas.
