La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió investigación formal y ordenó llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el departamento de Antioquia entre 1996 y 1997. La decisión fue notificada este mismo día y se fundamenta en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidios en persona protegida, y facilitar o promover la acción de un grupo armado ilegal. El senador Iván Cepeda, quien actúa como apoderado de las víctimas en este proceso, calificó la medida como un avance significativo en la lucha contra la impunidad.
La investigación se reabrió a partir de una denuncia presentada el 11 de abril de 2012 contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe, entre otros, por su presunta vinculación con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2014, al ser elegido Uribe como senador, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, y el 30 de mayo de 2018 la Sala de Casación Penal declaró estos crímenes como de lesa humanidad. Las masacres de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996, y la de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, junto con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo el 27 de febrero de 1998, ya habían sido objeto de condenas contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias del 1 de julio de 2006 y el 27 de noviembre de 2008.
Expediente y contexto de las masacres
Según el expediente, la presunta participación de Uribe Vélez estaría relacionada con la hacienda Guacharacas, donde, según la Fiscalía, se habrían facilitado acciones del grupo armado ilegal. El senador Iván Cepeda, quien ha sido uno de los principales impulsores de las investigaciones, destacó que hasta ahora solo dos hermanos, Francisco y Jaime Angulo Osorio, han sido condenados por el asesinato de Valle Jaramillo, mientras que la mayoría de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad permanecen sin identificar ni procesar.
“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”.
Iván Cepeda, senador y actor popular en el proceso
El proceso, que también involucra a otras personas vinculadas a las estructuras paramilitares que operaban en la región de Ituango, representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas, quienes durante más de dos décadas han esperado respuestas. La indagatoria contra el expresidente Uribe se suma a otros procesos judiciales que enfrenta, mientras que desde su entorno se ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con estos hechos, asegurando que se trata de una persecución política. Por ahora, la Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer los hechos que enlutaron a las comunidades de El Aro y La Granja.
