La Gobernación de Cundinamarca sancionó con la cancelación de la licencia de funcionamiento al Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, tras declararlo responsable por una infracción grave a las normas educativas en el marco del caso de la muerte de la estudiante Valeria Afanador. La decisión fue formalizada a través de la Resolución N°. 004627 del 19 de junio de 2026, en la que también se declaró administrativamente responsable a la rectora de la institución, Sonia Ochoa Daza. La sanción aplicará una vez finalice el calendario académico 2026, y mientras tanto el colegio deberá presentar un Plan de Reubicación de sus estudiantes ante la Secretaría de Educación departamental antes del 31 de octubre de ese mismo año.
La resolución, que identificó al establecimiento con el DANE N° 425128048007 y NIT 832007998-5, señala que el colegio incurrió en una “infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo”, específicamente por el incumplimiento de los deberes especiales de protección, cuidado y vigilancia que le asisten como prestador del servicio. El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Valeria Afanador, estudiante de la institución, fue reportada como desaparecida y días después hallada sin vida por ahogamiento en el río Frío. La investigación administrativa determinó que el plantel no garantizó las condiciones mínimas de seguridad para la menor, lo que derivó en la máxima sanción prevista en la normativa educativa.
Reacciones y acciones legales
El abogado Julián Quintana, representante de la familia de Valeria Afanador, había solicitado el cierre del colegio desde septiembre de 2025, señalando la vulnerabilidad de la infraestructura educativa y el incumplimiento de la distancia reglamentaria respecto al cauce del río. En ese entonces, afirmó que “el colegio debe estar cerrado. No cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos”. Además, Quintana insistió en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación investigue a la rectora y a otros empleados, pues considera que “desde el punto de vista penal, pedirle a la Fiscalía que investigue a su rectora y empleados, porque aquí se configura una omisión profunda. Artículo veinticinco, posición de garante, comisión por omisión, deben responder por este delito”.
«DECLARAR administrativamente responsable al establecimiento educativo COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LOS LAURELES BILINGÜE, identificado con DANE N° 425128048007, NIT 832007998-5, Rectora. SONIA OCHOA DAZA (…), por la infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo»
Gobernación de Cundinamarca, Resolución N°. 004627 del 19 de junio de 2026
La misma resolución ordenó la compulsa de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las posibles responsabilidades penales. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, por su parte, deberá cesar todos los trámites y registros del colegio una vez que la decisión quede en firme, pues aún no está ejecutoriada. Mientras tanto, la comunidad educativa y la familia de Valeria Afanador esperan que esta sanción marque un precedente en la exigencia de condiciones de seguridad en los planteles educativos del departamento.
