La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). El funcionario es señalado de haber certificado indebidamente las capacidades técnicas de una empresa de mantenimiento de helicópteros Mi-17, en el marco de un contrato del Ejército Nacional valorado en 32 millones de dólares, unos 104.034 millones de pesos colombianos al cambio actual. Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, Brenez Vanegas no aceptó los cargos.
Los detalles de la inspección en Florida
De acuerdo con la investigación, entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, el inspector viajó a Florida, Estados Unidos, para realizar una inspección a una Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) que participaba en el proceso de adjudicación del contrato. El propósito era verificar la renovación del certificado de funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de mantenimiento. La Fiscalía estableció que durante esa visita se identificaron 19 inconformidades que la empresa aún no había subsanado, para las cuales no se había presentado el correspondiente Plan de Acción Correctiva (PAC). Pese a ello, el 20 de noviembre de 2024, Brenez Vanegas suscribió la lista de capacidades OMA 1-78, revisión número 2, mediante la cual avaló nuevas capacidades de mantenimiento mayor, incluyendo actividades de overhaul o mantenimiento general.
“Señor Juan Brenez observa el cronograma y, con la existencia de las 19 inconformidades a las que la Organización de Mantenimiento Aeronáutico aún no había presentado el correspondiente PAC y que no se habían verificado ni aceptado las acciones correctivas derivadas de los hallazgos”, señaló el ente acusador durante la imputación.
Seis días después, el 26 de noviembre de 2024, el inspector expidió el certificado de funcionamiento OMA 1-68, autorizando la renovación y adición de las nuevas capacidades solicitadas. La Fiscalía sostiene que este procedimiento constituyó un engaño administrativo, toda vez que Brenez Vanegas solicitó a la Dirección de Autoridad de los Servicios Aéreos la expedición del certificado como si el proceso de constatación y subsanación de no conformidades hubiese culminado satisfactoriamente y como si los requisitos regulatorios para la ampliación de capacidades se hubieran cumplido integralmente.
“El señor Juan Enrique Brenez Vanegas solicitó ante la Dirección de Autoridad de los Servicios Aéreos la expedición del correspondiente certificado de funcionamiento, como si el procedimiento de constatación y subsanación de no conformidades hubiese culminado satisfactoriamente y como si los requisitos regulatorios exigidos para la ampliación de capacidades hubieran sido cumplidos integralmente por la organización inspeccionada”, afirmó la Fiscalía.
El contexto del contrato de los Mi-17
El caso se enmarca en la crisis operativa de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, de fabricación rusa, adquiridos entre 1996 y 2007 para tareas de abastecimiento, evacuación médica y transporte de tropas. Tradicionalmente, el mantenimiento mayor y los repuestos se gestionaban directamente con las casas matrices rusas, pero ese esquema se paralizó en 2022 tras la invasión a Ucrania y las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que bloquearon los giros financieros y la importación de piezas. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa, bajo el gobierno de Gustavo Petro, contrató a la firma Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota, con un valor de 32 millones de dólares. Sin embargo, la empresa incumplió plazos y especificaciones de calidad, lo que redujo sustancialmente la flota activa en Tolemaida y obligó a limitar operaciones aéreas y reasignar misiones. En noviembre de 2025, el Ministerio declaró el incumplimiento parcial del contrato, hizo efectiva la garantía de cumplimiento e impuso una sanción de aproximadamente 9 millones de dólares, además de exigir el reintegro de más de 13 millones de dólares por concepto de anticipo no ejecutado.
“Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, el funcionario viajó a Florida (Estados Unidos) para adelantar una inspección dentro del trámite administrativo de renovación del certificado de funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de una compañía que participaba en el proceso de adjudicación del mencionado contrato”, explicó la fiscal del caso.
La imputación de cargos contra Juan Enrique Brenez Vanegas marca un nuevo capítulo en el escándalo por la gestión del mantenimiento de los helicópteros Mi-17, que ha dejado al Ejército Nacional con una capacidad operativa limitada y un millonario contrato en entredicho. La Fiscalía continúa recabando pruebas para determinar el alcance de las responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso.
