La Fiscalía General de la Nación formalizó el llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, el caso Guacharacas y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El propio líder del Centro Democrático informó la notificación a través de su cuenta en X el 23 de junio de 2026, señalando que la comunicación provenía de la Fiscalía Tercera, a cargo de la fiscal Marcela Abadía, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Uribe Vélez, quien fue gobernador de Antioquia durante los años en que ocurrieron estos hechos, denunció que el llamado se produce “a dos días de elecciones” y sin que se hubieran practicado las pruebas que la misma Fiscalía había ordenado y que, según su defensa, resultan “definitivas” para demostrar su inocencia. El plazo legal para recaudar esos elementos probatorios vencía el 3 de julio de 2026, lo que ha generado una fuerte controversia sobre el momento procesal elegido.
Las acusaciones y el rol de Mancuso
La decisión de la Fiscalía se fundamenta en testimonios del exparamilitar Salvatore Mancuso, quien ha señalado a Pedro Juan Moreno Villa, fallecido en un accidente de helicóptero sin conclusiones judiciales claras, como el ejecutor de órdenes que habría actuado a nombre de Uribe. En el caso de la masacre de La Granja, la investigación atribuye al entonces gobernador actos de omisión frente a la creación y accionar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. El asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en 1998, también es vinculado a presuntas órdenes emanadas de Moreno Villa en representación del expresidente.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente, en su cuenta de X
Estos expedientes fueron remitidos a la Fiscalía el 14 de septiembre de 2020, luego de que Uribe renunciara al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia para investigarlo, cuando el fiscal general era Francisco Barbosa. Desde entonces, el proceso ha tenido un lento avance que ahora, bajo la dirección de Camargo, llega a esta etapa procesal que la defensa califica de apresurada e irregular.
“No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron?”.
Jaime Granados, abogado defensor, en entrevista con El Tiempo
Ante la situación, el jurista Jaime Granados evalúa implementar medidas legales contra la fiscal Marcela Abadía, responsable del caso, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales de su representado. Mientras tanto, el expresidente Uribe insistió en que la Fiscalía lo “atropella negando recursos”, en referencia a la imposibilidad de presentar las pruebas que considera esenciales para su defensa. La indagatoria representa un nuevo capítulo judicial en la historia política de Colombia, en medio de un clima electoral que añade tensión al proceso.
