Un estudio de la Facultad de Economía y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes reveló que los ceses al fuego decretados entre 2022 y 2023 en el marco de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro no lograron reducir los homicidios, masacres ni atentados, sino que coincidieron con incrementos significativos en extorsiones, reclutamiento forzado y control criminal en los municipios donde operaban los grupos armados cobijados por la medida. La investigación, liderada por los académicos Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, y difundida por el diario El Tiempo, analizó cientos de localidades colombianas con presencia de disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, entre otras estructuras, comparando indicadores de violencia letal y control territorial antes y después de la entrada en vigor de los ceses.
Los resultados, que contrastan la apuesta del Gobierno Nacional por la Paz Total, evidencian que la extorsión se disparó un 337% en las zonas con grupos amparados por los ceses, mientras que las amenazas contra la población civil crecieron un 70% y el reclutamiento forzado de menores se incrementó en un alarmante 168%. Asimismo, las señales de dominio ilegal, entendidas como gobernanza criminal, aumentaron un 32% en esos mismos territorios. Los investigadores describen este fenómeno como una “sustitución estratégica”, en la que los grupos armados reemplazaron las formas de violencia con exposición pública —como homicidios y masacres— por mecanismos de control más silenciosos pero igual de letales para la convivencia y la libertad de las comunidades.
La contraparte: caída de enfrentamientos y alerta por expansión territorial
El estudio también registró una disminución drástica en los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los grupos armados, que cayeron un 73% tras los ceses al fuego, y una reducción del 46% en las bajas en combate de integrantes de organizaciones ilegales. Sin embargo, los investigadores advierten que estos datos reflejan una pausa en la confrontación directa que fue aprovechada por los actores armados para consolidar su presencia territorial sin disparar un tiro. En ese sentido, un informe de la Contraloría General de la República, divulgado el pasado 23 de junio de 2025, complementa la radiografía al señalar que la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025, un incremento superior al 165%.
«Los grupos explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante formas de coerción»
Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, investigadores de la Universidad de los Andes, según El Tiempo.
El análisis de la Universidad de los Andes subraya que el efecto de los ceses varió según el territorio, dependiendo de si el control lo ejercían disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, y que la arquitectura de los acuerdos presentó debilidades críticas, especialmente por la falta de mecanismos de monitoreo y verificación independientes. Las operaciones contra economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal no mostraron cambios estadísticamente significativos durante el periodo evaluado, lo que sugiere que los grupos armados mantuvieron sus fuentes de financiamiento mientras expandían su dominio social.
Frente a este panorama, los investigadores proponen que futuros acuerdos de cese al fuego incluyan sistemas capaces de detectar formas de coerción como extorsiones, amenazas y reclutamiento forzado de menores, a menudo invisibles para los indicadores tradicionales de violencia. Simulaciones del propio estudio indican que elevar en un 50% la capacidad de detección permitiría neutralizar los efectos negativos y devolver los niveles de violencia a los registros previos a la medida. La evidencia plantea un desafío mayúsculo para la política de Paz Total, que deberá rediseñar sus instrumentos si busca evitar que la tregua con los armados se convierta en un permiso para el control territorial sin rendición de cuentas.
