La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el ex presidente de la Cámara de Representantes, Henry Fernando Correal Herrera, por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campaña electoral con fuente prohibida. El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la contratación pública en el municipio de Galeras, departamento de Sucre, donde el ex congresista habría exigido pagos a un contratista a cambio de direccionar contratos y gestionar una adición presupuestal, recursos que presuntamente terminaron financiando una campaña política.
Correal Herrera, contador público de la Universidad del Meta con especialización en gerencia y finanzas públicas, fue congresista entre 2018 y 2022 por la circunscripción de Vaupés. Antes de llegar al Congreso se desempeñó como asesor del Ministerio del Interior y tras su paso por la Cámara, donde llegó con cerca de 2.500 votos, fue candidato a la Gobernación de Vaupés por el Partido Liberal. El ex representante, de 55 años y nacido en Bogotá, recibió reconocimientos de la Alcaldía de Carurú y de la Policía Nacional durante su trayectoria política. La Sala de Instrucción del alto tribunal es la encargada de adelantar este proceso, que se encuentra en etapa de verificación judicial, según información revelada por el medio Semana.
Indagatoria a senador por acceso carnal violento
En un caso separado, la Corte Suprema también citó a indagatoria al senador Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal, por el delito de acceso carnal violento agravado. La diligencia está programada para las 2:00 p.m. del lunes 21 de junio en la Sala de Instrucción de la Corte, ubicada en el norte de Bogotá. La denuncia sostiene que Pinto, en calidad de superior, habría sometido a una trabajadora subalterna a relaciones sexuales contra su voluntad durante un periodo de diez meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010.
El senador se prepara para dejar su curul, pues su renuncia al Senado fue aceptada el lunes 9 de junio, con salida del cargo fijada para el 23 de junio. Si pierde el fuero por la renuncia, el proceso podría pasar de la Sala de Instrucción de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. La defensa de Pinto solicitó el aplazamiento de la diligencia argumentando que su abogado principal se encontraba fuera del país y su suplente tenía compromisos previos. No obstante, la Corte rechazó la solicitud, pero autorizó la participación virtual por Zoom para los representantes legales del congresista. El caso está a cargo del despacho del magistrado Misael Rodríguez, según confirmó el alto tribunal.
