Una investigación del diario El Colombiano ha recopilado quince decisiones y episodios del gobierno de Gustavo Petro que, según el medio, terminaron favoreciendo directa o indirectamente a organizaciones criminales. Desde el inicio de la administración en agosto de 2022 hasta junio de 2025, el informe detalla una serie de acciones que van desde promesas a grupos ilegales, suspensiones de bombardeos y ceses al fuego unilaterales, hasta la salida de altos oficiales, la suspensión de extradiciones, recortes presupuestales al sector Defensa y cambios en la inteligencia del Estado. Todo ello enmarcado en la política de «paz total» impulsada por el presidente Petro, cuyo propósito declarado era reducir la confrontación armada mediante procesos de diálogo.
Entre los episodios más destacados se encuentra la reunión que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sostuvo el 2 de septiembre de 2022 con alias «Bruno», vocero del Clan del Golfo, encuentro cuya grabación fue revelada posteriormente por Noticias Caracol. Asimismo, en julio de 2024 se registró una controvertida caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con alias «Calarcá», líder de una disidencia de las Farc, en la que viajaban armas, dinero en efectivo, oro y un menor de edad víctima de reclutamiento. El presidente, por su parte, anunció el 1 de enero de 2023 un cese al fuego bilateral que el ELN negó inicialmente haber alcanzado. Durante este período, Colombia fue suspendida del Grupo Egmont tras la divulgación de información reservada relacionada con el caso Pegasus, y Petro insistió en la existencia de una «Junta Directiva del Narcotráfico», sin que se produjeran capturas o pruebas concluyentes.
Las cifras que respaldan el informe
El balance de la política de «paz total» muestra que se abrieron doce mesas de diálogo con organizaciones ilegales, ninguna de las cuales ha culminado en un desarme definitivo. En materia de inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tuvo cuatro directores durante el actual gobierno, lo que refleja una alta rotación en un organismo clave para la seguridad. El recorte presupuestal al sector Defensa afectó el mantenimiento de aeronaves, la compra de combustible y las operaciones militares, mientras que al menos tres cabecillas —alias «Araña», «Mocho Olmedo» y «HH»— vieron suspendidas sus extradiciones. Algunos de estos hechos han dado lugar a investigaciones preliminares por parte de organismos de control. El gobierno Petro ha defendido su estrategia argumentando que busca abrir caminos de diálogo para poner fin a décadas de conflicto armado, aunque los resultados concretos siguen siendo esquivos.
