Exfuncionarios y periodistas solicitaron una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras la emisión de una resolución que habilita días no laborables para trámites contractuales, una medida que ha generado serias sospechas sobre la posible desaparición de documentos que comprometerían al director de la entidad en presuntos delitos. La petición, dirigida a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, fue formulada por Indalecio Dangond Baquero, exasesor ministerial, y la periodista Katia Ospino, quienes advierten que decisiones como esta podrían estar encubriendo irregularidades en la gestión de miles de contratos.
La polémica estalló luego de que la Secretaría General de la ANT publicara la Resolución No. 202660000412476, firmada el pasado 26 de junio de 2026, mediante la cual se declararon hábiles jornadas extraordinarias para procesar trámites administrativos y contractuales durante los días sábado 27 de junio, lunes 29 de junio y sábado 4 de julio de 2026. La justificación oficial de la entidad es la urgencia de procesar cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios que vencen el 30 de junio, así como prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos, incluyendo licitaciones de transporte terrestre y fluvial, arrendamientos y servicios profesionales.
Críticas por fallas de planeación y riesgo de opacidad
La periodista Katia Ospino cuestionó abiertamente la decisión al señalar que “la justificación es impactante: cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitarse prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos en cuestión de días”. En su análisis, Ospino planteó una interrogante que resume el malestar de los sectores críticos: “Si una entidad llega al punto de habilitar fines de semana por el volumen de contratos pendientes, la pregunta es inevitable: ¿falló la planeación o se está normalizando la contratación de última hora?”.
“Señores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación: solicito una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras. Resoluciones como esta generan serias dudas y podrían estar siendo utilizadas para desaparecer documentos que comprometan al director en presuntos delitos”.
Indalecio Dangond Baquero, exasesor ministerial
Dangond, quien según el diario El Pilón es una de las figuras que podría liderar el Ministerio de Agricultura en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, insistió en que la medida debe ser investigada a fondo. La solicitud de auditoría busca que los organismos de control verifiquen si la resolución encubre irregularidades o destrucción de documentos que podrían involucrar al director de la ANT en actos ilegales.
Katia Ospino fue enfática al afirmar que “mientras mayor sea la urgencia, mayor debe ser la transparencia. Cada contrato, prórroga y adición debe poder ser escrutado por la ciudadanía”. La periodista también reclamó información específica: “El país merece respuestas. ¿Quiénes son los 5.000 contratistas? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuántos contratos serán prorrogados, cuántos serán nuevos y bajo qué criterios? La publicidad de estos procesos no puede ser una formalidad”.
“Los organismos de control tienen el deber de hacer seguimiento. Cuando el volumen de contratación es de esta magnitud y se requieren jornadas extraordinarias para sacarlo adelante, la vigilancia debe ser igualmente extraordinaria”.
Katia Ospino, periodista
La ANT, por su parte, defiende la resolución argumentando que es necesaria para garantizar la continuidad de los servicios y cumplir con sus funciones misionales. Sin embargo, la controversia persiste y las voces críticas insisten en que la habilitación de fines de semana para procesar contratos no solo evidencia problemas de planificación, sino que abre la puerta a posibles actos de opacidad. Mientras tanto, los entes de control deberán definir si atienden la solicitud de auditoría urgente y esclarecen si detrás de esta medida hay algo más que una simple urgencia administrativa. La fecha futura de la resolución, 2026, ha generado aún más dudas entre los observadores, que ven en este caso un síntoma de las falencias estructurales en la gestión contractual del Estado colombiano.
