La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este lunes 29 de junio de 2026 al advertir que la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ordenada por el Decreto 626 de 2026, podría dejar en el limbo políticas y programas dirigidos a poblaciones vulnerables ante la falta de claridad en el traslado de funciones. En un comunicado oficial, el organismo de derechos humanos señaló que esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas y la pérdida de capacidades estatales construidas para enfrentar desigualdades estructurales. La medida se activó por el plazo fijado en la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 con la que se creó la cartera, y ordenó su cierre antes del final de la legislatura 2025-2026.
El decreto de liquidación dispone que las funciones del ministerio sean trasladadas principalmente al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, bajo el criterio de “costo cero”, pero sin que existan garantías de presupuesto ni capacidades técnicas en las entidades receptoras. La Defensoría expresó especial preocupación por la falta de claridad sobre qué organismo asumirá las funciones del Viceministerio de las Mujeres, lo que podría afectar gravemente los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres. Además, advirtió que la transición pone en riesgo programas clave como “No es Hora de Callar”, “Todos Somos PAZcífico”, el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, y documentos Conpes como el 4080 de 2022, el 4143 de 2025 y el 4147 de 2025, todos orientados a cerrar brechas de desigualdad.
Un llamado a garantizar la continuidad
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, en particular a los ministerios del Interior y Hacienda, a Prosperidad Social y a las demás entidades competentes, que tomen medidas urgentes para impedir retrocesos y preservar las capacidades técnicas, los equipos especializados y los sistemas de seguimiento construidos durante la existencia de la cartera. Enfatizó en la necesidad de una ruta integral de transición que precise funciones, entidades receptoras, respaldo presupuestal y continuidad de los programas. Por su parte, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado adicional a garantizar la continuidad y fortalecimiento de la institucionalidad de género.
«Esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas y la pérdida de capacidades estatales construidas para enfrentar desigualdades estructurales»
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
Las poblaciones que se verían directamente afectadas por esta liquidación incluyen a mujeres, personas con discapacidad, juventudes, personas mayores, población migrante, comunidades campesinas, pueblos étnicos y personas LGBTIQ+. La preocupación es que, sin una hoja de ruta clara, estas comunidades queden desamparadas ante la desarticulación de políticas que apenas comenzaban a mostrar resultados. La Defensoría insiste en que la liquidación no puede significar un retroceso en la lucha contra las desigualdades estructurales que persisten en el país, y que el Estado colombiano debe garantizar que ninguna persona quede en el limbo mientras se define el futuro de estas políticas.
