El grupo armado organizado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, emitió un comunicado oficial el lunes 29 de junio de 2026 para defender la transparencia de los diálogos de paz con el Gobierno nacional, luego de que la difusión de unos audios generara acusaciones de un supuesto “pacto secreto”. El documento fue publicado en la cuenta oficial de la organización en X, firmado por Luis Armando Pérez Castañeda, alias Jerónimo, vocero del Estado Mayor Conjunto del EGC, y dirigido a organismos internacionales, entidades de control y países mediadores del proceso.
La controversia se originó cinco días antes, el 24 de junio de 2026, cuando Noticias Caracol divulgó un informe especial que presentaba audios de una reunión reservada entre alias Jerónimo y Danilo Rueda, entonces alto Comisionado de Paz de Colombia. La grabación, realizada el 2 de septiembre de 2022, fue presentada como evidencia de un pacto previo a la formalización de los diálogos, generando un fuerte debate político en la recta final del gobierno de Gustavo Petro. En el comunicado, el EGC rechazó categóricamente esa interpretación y recordó que el encuentro se dio en una fase exploratoria, antes de la sanción de la Ley 2272 de Paz Total el 4 de noviembre de 2022, y mucho antes de la instalación formal de la mesa en Doha en septiembre de 2025.
Defensa del proceso y negación de acuerdos vinculantes
El texto firmado por alias Jerónimo desestimó la hipótesis de un pacto secreto vinculante, señalando que en las fases exploratorias “no se producen acuerdos vinculantes para el Estado; se construye confianza”. Como prueba de la continuidad de las operaciones militares en contra del grupo, el comunicado mencionó varios bombardeos del Estado contra el EGC ocurridos entre 2023 y 2025, incluido el del 7 de julio de 2025 en la zona entre Briceño y Valdivia, documentado por el Ministerio de Defensa. Además, recordó que la Fiscalía General de la Nación rechazó solicitudes de levantamiento de órdenes de captura en diciembre de 2022 y en mayo de 2026, lo que desvirtúa la existencia de un acuerdo secreto que otorgara impunidad.
“La pieza periodística enmarca esa conversación como un ‘pacto secreto’ y la asocia con polémicas posteriores ajenas a este proceso. Dirigimos a ustedes esta posición porque su acompañamiento ha sido, desde el primer día, la garantía pública de transparencia del espacio de conversación socio jurídico”.
Luis Armando Pérez Castañeda (alias Jerónimo), vocero del Estado Mayor Conjunto del EGC
En el comunicado, el EGC también aclaró que en dicha reunión no se pidió el retiro del Ejército ni de la Policía Nacional. “La distinción es jurídica y operativamente esencial”, afirmó alias Jerónimo, refiriéndose a la solicitud de cese de operaciones de infiltración encubierta, la cual fue malinterpretada en los audios. Asimismo, el grupo negó cualquier vínculo entre el proceso de paz y una reunión del 19 de agosto de 2025 entre funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y un esmeraldero, calificándola de responsabilidad de las personas involucradas y ajena a la mesa de diálogo.
Contexto de la controversia y llamado internacional
La divulgación de los audios se produjo en medio de un clima político tenso, a pocos meses del cierre del ciclo electoral. La Procuraduría General de la Nación ha ejercido una veeduría continua sobre el proceso, mientras que el Congreso no ha aprobado los proyectos de ley de sometimiento necesarios para avanzar en la implementación de los acuerdos. El EGC, que ha experimentado un incremento del 165 % en sus integrantes entre 2018 y 2025, según documentó la Fundación Ideas para la Paz, ratificó su compromiso con el proceso de paz y su ubicación voluntaria en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pero solicitó acompañamiento internacional ante lo que considera una presión mediática desmedida y el riesgo de que la controversia afecte la continuidad del diálogo.
El grupo también argumentó que la cronología de los hechos desmiente la tesis del pacto secreto: los 35 generales mencionados en los audios fueron relevados de la fuerza pública el 22 de agosto de 2022, apenas once días antes de la reunión grabada el 2 de septiembre, lo que, según el EGC, hace “incoherente” la acusación de que los cambios en la cúpula militar hayan sido parte de un acuerdo. Con este comunicado, la organización busca restablecer la credibilidad del proceso ante los países mediadores y la comunidad internacional, mientras el gobierno de Gustavo Petro enfrenta las últimas semanas de su mandato en medio de fuertes cuestionamientos políticos.
