La revisión del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de La Espriella ha puesto bajo la lupa a la Superintendencia de Notariado y Registro, que en los últimos meses realizó una serie de nombramientos de notarios en interinidad en al menos diez ciudades del país y adelanta un estudio de mercado para un ambicioso contrato de infraestructura tecnológica y consultoría estratégica con un valor estimado de 19.439 millones de pesos. El superintendente Ricardo Agudelo ha defendido las designaciones asegurando que responden a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público notarial ante vacancias en los cargos, mientras que el proceso tecnológico, aún sin registrar en el Secop II, busca subsanar las intermitencias de conectividad que afectan el servicio registral.
Entre el 20 de enero y el 5 de junio de 2026, la Superintendencia expidió decretos con la firma del ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo para designar a notarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cáqueza, Cartagena, Pasto, Barrancabermeja, Pitalito, Bucaramanga y Cali. Entre los nombrados figuran Óscar Fernando Mesa Granados, Nancy Santo Domingo Guarín, Karen Tatiana Jaramillo Parra, Alejandro Páez Estrada, Luz Marina Arias Ospina, Julián René Romero, Yeny Paola Garzón Reyes, Erika Andrea Macías Cárdenas, Demieman Davet Patiño Sánchez, Diana Isabel Aldana Moreno, Yamile Franco Jaramillo, Eduar Yobany Castro Baquero, Sandra Lucía Hincapié Galindo, Alejandro Supelano Polanía, Diana Torres Sánchez, Sonia María Nevado Morales y Francy Asseneth Perdomo Santofimio, entre otros. La notaría 82 de Bogotá fue creada el 5 de junio en el sector de San Victorino. Algunos de estos nombramientos han generado controversia por los vínculos personales o políticos de los designados: Yeny Paola Garzón Reyes es señalada como cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo; Adriana María Mejía Aguado, como amiga de la primera dama Verónica Alcocer; el exsuperintendente de Sociedades Billy Escobar también aparece en la lista; Sandra Lucía Hincapié Galindo es exfuncionaria de Colpensiones e hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié; y Alejandro Supelano Polanía está vinculado en registros del Ministerio de Educación. Otros, como Erika Andrea Macías Cárdenas y Alejandro Páez Estrada, ya se desempeñaban en otras notarías o provenían de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social, en el caso de Nancy Santo Domingo Guarín.
Proceso tecnológico por 19.439 millones
Paralelamente, el 23 de junio de 2026 a las 9:40 p.m., la Superintendencia publicó una Solicitud de Información a Proveedores (SIP) identificada con el número 050 de 2026, que estuvo abierta hasta el 26 de junio a la misma hora. El estudio de mercado, adelantado por la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, busca adquirir, renovar, integrar y optimizar infraestructura tecnológica, incluyendo consultoría estratégica, centro de datos y gobierno de datos. La solicitud fue enviada a empresas como MegaTic S.A.S., Infotic S.A., Corporación Colombia Digital y Red Summa. Pese a la magnitud del proceso, Agudelo aclaró que aún no hay un contrato en curso y que el proceso no aparece registrado en el Secop II. “Como actualmente aún no se encuentra en curso un proceso de contratación con el objeto consultado, por tal motivo dicho proceso no aparece registrado en el Secop II”, explicó el superintendente. Fuentes internas advierten que los componentes del proyecto —redes, seguridad informática, consumibles, gobierno de datos y bodega— pertenecen a mercados distintos y suelen contratarse por separado, lo que ha generado interrogantes sobre la unidad del proceso.
«Con el fin de subsanar esta situación, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información adelanta un estudio de mercado para la adquisición de bienes y servicios especializados, el cual requiere atención prioritaria»
Ricardo Agudelo, superintendente de Notariado y Registro
Agudelo también explicó que la selección de proveedores se realiza con base en un análisis histórico de contratos suscritos y en la consulta de la herramienta de datos del Sistema de Compra Pública de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, seleccionando al menos tres entidades públicas. La necesidad de este proceso tecnológico radica en las “intermitencias de conectividad en el servicio registral” que afectan a los usuarios de las notarías.
El contexto de esta revisión es el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de La Espriella. La Superintendencia de Notariado y Registro puede hacer nombramientos en provisionalidad ante la falta de una lista de elegibles vigente, según el artículo 2 de la Ley 588 de 2000. En cuanto a los ingresos de los notarios, según registros del Ministerio de Justicia de 2023, en notarías financiadas por el Estado los ingresos estimados oscilan entre 5 y 9 millones de pesos mensuales, mientras que en grandes notarías privadas pueden alcanzar entre 80 y 120 millones de pesos mensuales. La Resolución 5123 fija subsidios para notarios con ingreso bruto promedio mensual de hasta 20 salarios mínimos y escrituración no superior a 1.496 unidades, con montos que van desde 4,7 hasta 7,6 millones de pesos. La revisión del empalme continuará escudriñando estos nombramientos y el multimillonario proceso tecnológico, en medio de cuestionamientos sobre posibles influencias políticas y la necesidad de transparencia en la gestión pública.
