La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó formalmente al presidente Gustavo Petro y a la Corte Penal Internacional (CPI) la sentencia ratificada el pasado 1 de julio contra siete excomandantes del Secretariado de las Farc por el delito de secuestro, al tiempo que advirtió que el Estado colombiano debe garantizar los recursos necesarios para ejecutar las sanciones impuestas, so pena de incurrir en impunidad y comprometer su responsabilidad internacional. El anuncio fue hecho por Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Sección de Apelación de la JEP, durante una rueda de prensa en Bogotá, en la que también se dio a conocer la remisión de otra sentencia contra doce exintegrantes del Batallón La Popa.
La decisión de la JEP responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de las sanciones propias, que consisten en trabajos y tareas restaurativas en favor de las víctimas, a diferencia de la prisión ordinaria. Cifuentes fue tajante al señalar que la efectividad de estas sanciones impone al Gobierno nacional y a sus entidades el deber de apropiar los recursos presupuestales necesarios y garantizar operativamente la ejecución de los proyectos restaurativos determinados. “De lo contrario, la sanción deja de ser efectiva y se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el Estado deja impunes crímenes de guerra y lesa humanidad, con lo que además se compromete su responsabilidad internacional”, advirtió el magistrado.
Advertencia sobre recursos y contexto político
La advertencia de la JEP surge en medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro del tribunal, luego de que el presidente electo Abelardo de La Espriella propusiera eliminar o revisar la JEP, y mientras un equipo de empalme revisa el uso de recursos públicos destinados a la jurisdicción. Cifuentes comparó la carga que implica la ejecución de las sanciones restaurativas con la creación de cupos carcelarios en la justicia penal ordinaria, subrayando que el Gobierno debe disponer lo necesario para que los sancionados ejecuten los proyectos. En el caso de los siete excomandantes del Secretariado de las Farc, la JEP ya ratificó las sanciones por secuestro, mientras que la otra sentencia comunicada alcanza a doce exintegrantes del Batallón La Popa, unidad militar señalada por ejecuciones extrajudiciales.
En relación con el subcaso Costa Caribe, que abarca asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2008 en siete departamentos, la JEP reportó que 604 personas fueron asesinadas y reportadas ilegítimamente como bajas en combate, y que el universo total de víctimas asciende a 750 personas. Además, 25 militares participarán en audiencias de reconocimiento ante la JEP, de los cuales solo siete tenían condenas previas en la justicia ordinaria por estos hechos. La primera audiencia pública para la ratificación de reconocimientos se realizó en Barranquilla entre el 30 de junio y el 1 de julio, y la segunda está prevista para los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar.
“La efectividad de la sanción propia impone al Gobierno nacional y a sus entidades el deber de apropiar los recursos presupuestales necesarios y garantizar operativamente la ejecución de los proyectos restaurativos determinados, las sanciones propias”
Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Sección de Apelación de la JEP
Uno de los hitos más recientes en este proceso es la admisión de responsabilidad por parte del general retirado Adolfo León Hernández, quien ante la JEP reconoció su participación en los falsos positivos de la Costa Caribe y anunció que devolverá las medallas recibidas por esos resultados. Hernández, que no había sido investigado previamente por estos hechos en la justicia ordinaria, se convierte así en el octavo general retirado que acepta su responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales. La JEP continúa avanzando en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, pero la advertencia de Cifuentes deja claro que sin los recursos necesarios, todo el esfuerzo corre el riesgo de quedar en letra muerta.
