En un nuevo capítulo de su largo pulso con la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó como un “abuso” la decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener su diligencia de indagatoria para el próximo 24 de julio, desoyendo así la solicitud de aplazamiento presentada por la Procuraduría General de la Nación. La Fiscalía, que investiga al exmandatario por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida en el marco de la Ley 600 de 2000, rechazó el argumento del Ministerio Público que señalaba que aún faltan varias pruebas decretadas por practicar. Para Uribe, esta determinación no solo es una muestra de desbalance procesal, sino que responde a motivaciones políticas que han rodeado el caso desde sus inicios.
La diligencia del 24 de julio se perfila como un hito procesal que involucra cuatro ejes de investigación que, en conjunto, han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. El primero de ellos, la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en el municipio de Ituango, donde fueron asesinadas cinco personas. El segundo, y más grave en términos de víctimas, es la masacre de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, también en Ituango, donde paramilitares asesinaron a 17 campesinos, quemaron 42 viviendas, robaron más de 1.000 reses y desplazaron a cerca de 1.400 personas. El tercer capítulo es el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín, y finalmente, el caso de Las Guacharacas, que investiga el vínculo del expresidente con grupos paramilitares entre 1995 y 1997.
Denuncia de un trasfondo político
En sus declaraciones, el expresidente Uribe fue contundente al vincular el proceso judicial con lo que considera una persecución orquestada. “Sigue el abuso de la Fiscalía”, manifestó en sus redes sociales, para luego agregar que “este proceso empezó en 1998. El carácter político lo ratificó el llamado a indagatoria tres días antes de elecciones”. En una afirmación que eleva el tono de la controversia, Uribe aseveró que la decisión de no aplazar la diligencia responde a compromisos adquiridos por la Fiscalía “con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro”, haciendo alusión a una serie de actores políticos e institucionales que, en su criterio, estarían sesgando la investigación. El senador ha insistido en que, sin las pruebas pendientes, no tendrá garantías para su defensa.
Frente a las acusaciones concretas que pesan en su contra, Uribe ha empleado diversos argumentos para defenderse. En el caso de la masacre de El Aro, sostiene que el exparamilitar Salvatore Mancuso, quien originalmente lo implicó, cambió su relato tras ser extraditado, llegando a afirmar que el entonces presidente no tuvo participación en los hechos. Asimismo, descalificó el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien mencionó al general Alfonso Manosalva Flórez, un oficial que, según Uribe, ya había fallecido meses antes de que ocurrieran los eventos que se le imputan. Respecto al capítulo de Las Guacharacas, el expresidente ha reiterado que su familia vendió la hacienda antes de que se presentaran los hechos investigados, tras el asesinato de su padre en 1983, y ha cuestionado la validez de los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y del exparamilitar alias Pipintá, que son piezas clave en esta línea de la investigación.
“Sigue el abuso de la Fiscalía”
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
La indagatoria del 24 de julio se mantiene en firme, y la Fiscalía deberá evaluar la versión que entregue el exmandatario. Este paso procesal es crucial, ya que de sus resultados podría derivarse una eventual medida de aseguramiento u otra decisión judicial. Mientras tanto, el proceso, que se ha alargado por más de dos décadas, continúa generando un intenso debate sobre el balance entre la búsqueda de justicia por graves violaciones de derechos humanos y las garantías procesales del investigado, en un caso que para muchos evidencia los complejos ecos del conflicto armado colombiano en las más altas esferas del poder.
