Un fallo judicial emitido el pasado 24 de junio por una Corte de Alberta, en Canadá, desató una crisis energética e industrial de primer orden en Colombia. La decisión, que avaló la terminación anticipada de los contratos de suministro y transporte de gas que la empresa Canacol Energy mantiene en el país, ya obligó a Cerro Matoso, la mina a cielo abierto de níquel más grande de Sudamérica y la cuarta del mundo, a reducir sus operaciones en un 25 por ciento. Pero el impacto no se detiene ahí: la restricción efectiva del 55 por ciento del volumen de gas contratado amenaza con escalar y disparar las tarifas del servicio para millones de hogares colombianos, al tiempo que pone en jaque los subsidios que benefician a los sectores más vulnerables.
La situación, que la Asociación Colombiana de Minería (ACM) calificó como un problema presente y no futuro, se originó en las dificultades financieras que enfrenta Canacol Energy, lo que llevó a la suspensión de sus obligaciones contractuales en Colombia. La Corte canadiense dio luz verde en primera instancia a esa ruptura, y aunque las empresas implicadas tienen un plazo de 21 días para apelar, la restricción del gas ya se aplica. Para Cerro Matoso, ubicada en el departamento de Córdoba, esto significó una disminución inmediata de una cuarta parte de su producción, y el riesgo de que esa reducción se duplique, alcanzando el 50 por ciento en los próximos días, si el suministro no se regulariza. En condiciones plenas, la mina aporta diariamente 3.000 millones de pesos en regalías, impuestos y compras locales, una cifra que evidencia la magnitud de lo que está en juego.
Una cadena productiva en riesgo
La afectación, sin embargo, trasciende las puertas de la mina. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, advirtió que la decisión compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más estratégicas del país y amenaza directamente la actividad carbonífera que abastece a la empresa. Según Cante, de esta actividad dependen cientos de familias en Córdoba, y una eventual detención de una línea de producción en Cerro Matoso podría provocar una caída cercana al 50 por ciento en la demanda de carbón, lo que se traduciría en cerca de 90.000 toneladas anuales no comercializadas por las empresas productoras de la región. «Cuando se afecta una operación estratégica como Cerro Matoso, se pone en riesgo toda una cadena productiva que genera empleo, inversión y desarrollo para Córdoba», afirmó el dirigente gremial.
«Colombia no puede darse el lujo de perder capacidad industrial por problemas que tienen solución. Proteger la operación de Cerro Matoso también significa proteger la minería del carbón de Córdoba, el empleo regional y miles de millones de pesos que hoy se traducen en inversión social, regalías y desarrollo para el departamento»
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón
Además de Cerro Matoso, una docena de empresas de otros sectores ya sienten el impacto directo de la restricción del suministro de gas. La ACM ha hecho un llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía para que actúen con celeridad, con el objetivo de garantizar el suministro y el respeto del ordenamiento jurídico colombiano. Por su parte, Fenalcarbón también pidió al Gobierno nacional adoptar medidas que preserven la competitividad productiva del país. La advertencia es clara: si la reducción de operaciones en Cerro Matoso llega al 50 por ciento, el daño económico local y nacional se intensificará de manera irreversible, golpeando el empleo, las regalías y, en última instancia, el bolsillo de los colombianos que ya enfrentan presiones inflacionarias.
