“Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años”. Con estas palabras, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño rechazó de manera contundente el preacuerdo judicial que la Fiscalía General de la Nación selló con alias El Costeño, uno de los responsables materiales del asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Bogotá. La decisión, aprobada por la Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá, redujo la condena de Élder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o El Chipi, de 60 años a 26 años y 3 meses, mientras que a William Fernando González Cruz, alias El Hermano, se le impusieron 21 años y 9 meses por su participación como cómplice en el magnicidio.
El crimen, calificado como de lesa humanidad e imprescriptible, ocurrió en el Parque El Golfito durante un evento de campaña del entonces precandidato presidencial, quien falleció en la Fundación Santa Fe tras permanecer más de dos meses hospitalizado. La investigación estableció que alias El Costeño coordinó y determinó la ejecución del atentado, reclutando incluso a un menor de 15 años para que efectuara el disparo. Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía justificó el preacuerdo argumentando que la información aportada por los condenados ha permitido avanzar hacia la identificación de los autores intelectuales, una justificación que la familia rechaza con vehemencia.
Víctimas y justicia: la molestia de la familia Uribe Turbay
El padre del exsenador asesinado expresó su indignación frente a lo que considera un premio a la criminalidad dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional. “La Fiscalía había hecho un gran trabajo en la investigación y así lo he reconocido, pero en este punto se equivocó. No debieron aceptar ese acuerdo porque no colaboró con la justicia”, afirmó Uribe Londoño, quien además señaló que alias El Costeño fue la persona que organizó el crimen y reclutó al menor que ejecutó el asesinato. En sus declaraciones, el excandidato presidencial exigió que el responsable enfrente la máxima pena contemplada por la ley, recordando que el crimen ha sido declarado de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, se opuso formalmente a la decisión judicial, mientras que las investigaciones señalan que el atentado fue orquestado por la estructura criminal Segunda Marquetalia. Los delitos imputados a los condenados incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores para cometer delitos, cargos que la familia considera insuficientemente sancionados con el preacuerdo alcanzado.
«Tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen que ha sido declarado de lesa humanidad. Esta decisión no tiene en cuenta a las víctimas, que somos muchos colombianos afectados por la falsa paz total. No se ha impartido la justicia como debe ser. Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales».
Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima y excandidato presidencial
Pese al cierre de este proceso para los materiales, la investigación judicial continúa abierta. Las autoridades buscan determinar la cadena de mando completa, identificar a otros responsables y esclarecer los posibles móviles políticos detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien, al momento de su muerte, tenía 39 años y se perfilaba como una de las figuras políticas más relevantes del país. La decisión judicial ha reabierto el debate sobre los límites de los preacuerdos con criminales en crímenes considerados de lesa humanidad, mientras la familia clama por justicia plena en un caso que conmocionó a Colombia.
