El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió contra la Fiscalía General de la Nación por avanzar en su contra en el marco de las investigaciones por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurridas en Antioquia entre 1996 y 1998. A través de su cuenta en la red social X, Uribe aseguró que se le anticipa una condena sin practicar todas las pruebas decretadas, y calificó a la Fiscalía como «politiquera». La polémica se desata luego de que el ente acusador ordenara la apertura de instrucción e indagatoria contra el exmandatario, basándose en la Ley 600 de 2000, un código penal anterior que permite iniciar el proceso formal sin haber recaudado la totalidad de las pruebas de la etapa previa.
Las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), así como el crimen de Jesús María Valle (1998), ocurrieron durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia. La Fiscalía considera que existen fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para vincularlo, basándose en evidencia que acredita los hechos y permite inferir razonablemente su participación. Sin embargo, Uribe sostiene que hay testimonios que lo exoneran, como el de Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros de las autodefensas, quien declaró bajo juramento que ni el expresidente ni su hermano Santiago fueron mencionados en las reuniones de planificación de la masacre de El Aro. «Pruebas no practicadas: para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo: ¿Quién ordenó la masacre de El Aro? Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros que envió a los hombres a la zona, declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación. La incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas», escribió Uribe en su cuenta de X.
La Ley 600 de 2000 y el caso del hermano condenado
El documento adjuntado por Uribe señala que, según los lineamientos de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía cuenta con los fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para ordenar la apertura de instrucción y la diligencia de indagatoria, sin ser indispensable el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas en la etapa de investigación previa. Esto significa que el ente acusador solo necesita un «mérito» para vincular a un procesado, basado en la prueba de la ocurrencia del hecho y una inferencia razonable de participación. Este marco legal contrasta con la postura de Uribe, quien insiste en que se deben practicar todas las pruebas decretadas antes de avanzar en su contra. Además, el expresidente mencionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está escuchando testigos del caso de El Aro, lo que, a su juicio, añade complejidad al proceso.
«Qué abuso de una fiscalía politiquera. La Fiscalía me anticipa la condena sin practicar las pruebas decretadas. Además la JEP está oyendo testigos del Aro»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
El proceso judicial contra Uribe se desarrolla en un contexto marcado por la condena de su hermano Santiago Uribe Vélez, quien fue sentenciado a 28 años de prisión por crímenes vinculados al paramilitarismo, ratificada en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia. Mientras la Fiscalía avanza en la indagatoria, Uribe mantiene su defensa basada en la falta de pruebas directas y en la existencia de testimonios que, según él, lo excluyen de cualquier responsabilidad en los hechos que ocurrieron hace más de dos décadas en el departamento de Antioquia.
