El ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, anunció que el próximo 7 de agosto de 2026, en la misma fecha de la posesión del nuevo gobierno, emitirá un decreto ejecutivo para congelar el gasto público. La medida, que constituye la primera gran decisión del equipo económico entrante, no incluye la eliminación de subsidios sociales, aunque sí contempla una revisión profunda de los padrones de beneficiarios para identificar posibles irregularidades y “colados”. Así lo reveló durante la presentación del diagnóstico fiscal elaborado en el proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro.
Gómez Martínez detalló que las finanzas del Estado colombiano afrontan un desfase crítico: entre enero y abril de este año, el gasto mensual ha sido de 40 billones de pesos, más de un billón de pesos al día, mientras que los ingresos apenas alcanzan los 28 billones de pesos. La diferencia, según explicó, se está cubriendo con deuda, lo que genera un crecimiento acelerado del endeudamiento. “Comparativamente, implica que un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos”, advirtió el designado, quien calificó la situación fiscal como “fuera de control”.
“La primera medida que vamos a tomar el 7 de agosto, a través de un decreto, es la del congelamiento del gasto”.
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado
El congelamiento apuntará a aquellas partidas presupuestales cuya ejecución aún no ha comenzado, con el objetivo de “modular o inclusive congelar” partidas en los distintos sectores. Gómez Martínez fue enfático en que los subsidios no se tocarán, pero sí se revisarán los beneficiarios para depurar el sistema. “Los subsidios no se van a tocar. Lo que sí queremos es revisar si hay colados”, afirmó. Asimismo, advirtió que el 93% del gasto es considerado inflexible, lo que limita el margen de maniobra.
Revisión de contratos por prestación de servicios
Uno de los focos del nuevo equipo económico será la revisión de los contratos de prestación de servicios, que se dispararon en el último mes antes de la Ley de Garantías. Según datos de la Contraloría General citados por Gómez Martínez, en enero de 2026 se firmaron 523.000 contratos de este tipo, con un costo total de 33 billones de pesos. “Es una cifra impresionante”, señaló, y cuestionó la transparencia de esas contrataciones: “¿Cuántos de esos contratos son favores políticos? No sabemos porque hay absoluta opacidad. Cada ministro deberá revisar esas órdenes”.
“La Contraloría General dijo que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos. Es una cifra impresionante, con un costo de 33 billones de pesos”.
Miguel Gómez Martínez
La revisión del gasto abarcará 34 entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Hacienda, entre ellas la Dian, la UGPP, la SAE y el Grupo Bicentenario. Cada ministro del nuevo gabinete deberá revisar las órdenes de contratación por prestación de servicios en su sector. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció recursos para facilitar el empalme; Gómez Martínez aclaró que “no es una deuda”, sino una cooperación técnica para mejorar la gestión fiscal. Con estas medidas, el gobierno entrante busca enfrentar el desequilibrio estructural y restaurar la confianza en las cuentas públicas.
