El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, quien ocupó el cargo entre 1997 y 2001, lanzó duras críticas contra la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que analizó la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja. En una entrevista concedida al diario El Tiempo, el exmagistrado también se pronunció sobre el controvertido llamado a la desobediencia civil del senador Iván Cepeda, generando un amplio debate en el actual contexto de polarización política que vive el país.
Gómez Méndez consideró que la polarización no es inherentemente negativa, siempre y cuando se mantenga dentro del terreno democrático y no derive en violencia o en el uso de métodos indebidos como la mentira o las noticias falsas. Recordó el esquema de gobierno y oposición implementado durante la administración de Virgilio Barco como un ejemplo de cómo canalizar las diferencias políticas sin recurrir a la confrontación destructiva. Frente a las declaraciones del senador Cepeda, el exfiscal fue contundente al preguntarse qué significa realmente la desobediencia civil y al rechazar cualquier conducta que implique no pagar impuestos o desconocer la autoridad policial, dejando claro que lo ilegítimo es utilizar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
La paz total y los diálogos con grupos criminales
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el análisis de la política de paz total. Gómez Méndez aseguró que el error de concepción de esta estrategia fue aplicar mecanismos propios de un proceso de paz con actores políticos a delincuentes que no tienen esa connotación. En ese sentido, advirtió que los diálogos con organizaciones como el Clan del Golfo se convirtieron en una patente de corso para la impunidad, calificando de «absolutamente escandalosas» las grabaciones sobre presuntas negociaciones clandestinas entre el Estado y grupos criminales. Si bien reconoció que el ELN tiene algún componente político, subrayó que no pueden existir negociaciones permanentes y que, para aquellos sin estatus político, la única alternativa viable es el sometimiento a la justicia.
«A mi juicio, fue el error de concepción aplicarle los mecanismos propios de un proceso de paz de verdad a unos delincuentes que no tienen connotación política»
Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación
La indagatoria a Uribe y el pasado judicial
En cuanto al proceso judicial que llevó al expresidente Álvaro Uribe a ser citado a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, Gómez Méndez fue enfático al señalar que la actuación judicial debe avanzar con estricto respeto por las garantías procesales, independientemente de las posiciones políticas que rodean al exmandatario. Cabe recordar que el exfiscal fue el jefe del ente acusador durante el período en que se dictó un auto inhibitorio a favor de Uribe en esos mismos casos, decisión que años después fue revocada por el fiscal Eduardo Montealegre. Gómez Méndez también criticó la politización de la justicia derivada de la Constitución de 1991, especialmente la elección de altos funcionarios judiciales por parte del Ejecutivo y el sistema de mutua investigación entre magistrados y congresistas, que a su juicio ha generado tensiones y conflictos de intereses en el sistema judicial colombiano.
«La actuación judicial debe avanzar con estricto respeto por las garantías procesales y conforme a la ley, independientemente de las posiciones políticas que rodean al expresidente»
Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación
Las declaraciones de Gómez Méndez, quien participó en negociaciones con paramilitares durante su gestión, adquieren una relevancia particular en el actual escenario político, donde la controversia sobre la paz total y los límites de la oposición política marcan la agenda nacional. Su experiencia y trayectoria lo convierten en una voz autorizada para advertir sobre los riesgos de desdibujar las líneas entre la negociación política y el sometimiento a la justicia, así como para recordar que la polarización, cuando se aleja de la violencia y la desinformación, puede ser un motor para el debate democrático.
