El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha retirado del servicio activo a 326 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional entre los meses de marzo y julio de 2026, una cifra que expertos califican como inusualmente alta para un periodo de solo cinco meses y que ha desatado un fuerte debate sobre la transparencia y el impacto en la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Según datos oficiales, de ese total, 153 eran oficiales (entre ellos 24 coroneles, 50 tenientes coroneles y 70 mayores) y 173 suboficiales (151 sargentos viceprimeros, principalmente), además de 13 soldados profesionales. La decisión se tomó mientras el promedio histórico de retiros anuales de oficiales oscila entre 80 y 150, lo que hace que esta cifra trimestral sea excepcional.
De los 326 militares retirados, 304 fueron llamados a calificar servicios bajo la figura de «potestad discrecional» del Estado, un mecanismo que no obliga a detallar los motivos de la desvinculación. Los 22 restantes salieron por solicitud propia o por causas disciplinarias. Entre los nombres de los oficiales afectados se encuentran los coroneles Héctor Cely Torres y Donny Preciado Sierra, así como los tenientes coroneles Óscar Moreno Gómez, Fever Martínez Garzón y Wilson Velandia Serrano, quienes lideraban unidades clave como la Fuerza de Tarea Marte y las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) en regiones como Bolívar, Cauca, Arauca, Guaviare y el Bajo Cauca.
Señalamientos de persecución y falta de transparencia
Un oficial que pidió la reserva de su nombre, consultado por El Colombiano, afirmó que «la salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes de los pelotones, y quienes aplican directamente las tácticas en el campo de batalla». A su juicio, el retiro masivo afecta directamente a los mandos con experiencia en operaciones estratégicas contra grupos armados ilegales. En la misma línea, el abogado Enoc Salcedo Ruiz, representante de varios oficiales afectados, señaló que «un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción».
«Un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción».
Enoc Salcedo Ruiz, abogado de oficiales afectados
Otro oficial consultado por el mismo medio también mostró su inconformidad: «He mandado tutelas y derechos de petición, y el Ejército no ha sabido explicarme por qué mi nombre apareció en los listados de la Junta Asesora. Están en una cacería de brujas». La sensación de persecución interna se suma a las dudas sobre el sustento legal de los retiros, ya que la demora en la expedición del Decreto Planta 2026, que rige las evaluaciones de personal, ha generado un vacío normativo. El abogado Sebastián Márquez de Tejada, asesor jurídico de oficiales, explicó que «para 2026 el Gobierno se demoró más de la cuenta. Al mes de mayo no lo habían expedido, entonces los llamados a calificar servicio de febrero, marzo y abril se quedan sin ese sustento. Eso puede generarle demandas al Estado».
Impacto en la operatividad y costos millonarios para el Estado
Más allá de las controversias legales, el retiro masivo de mandos con experiencia levanta alertas sobre la continuidad operativa del Ejército, especialmente en zonas donde persiste la amenaza de grupos armados ilegales. La Séptima División del Ejército, que opera en Antioquia, Córdoba y Sucre, ha tenido cinco comandantes distintos durante el actual gobierno, con relevos tras episodios operativos o denuncias internas, lo que refleja una alta rotación en los puestos clave. Cada oficial retirado representa una inversión estatal de más de 150 millones de pesos en formación de Estado Mayor, cifra que se multiplica en el caso de los 326 militares separados del servicio, un costo que expertos consideran difícil de asimilar para las arcas públicas.
Ante los cuestionamientos, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que asegura que los procesos de retiro no son arbitrarios y se rigen por los decretos vigentes, incluyendo comités y evaluaciones periódicas. Sin embargo, las voces de los afectados y los analistas insisten en que la magnitud y la velocidad de estos cambios podrían poner en riesgo la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en un momento crucial para la seguridad del país.
