A semanas de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, el balance de su ambicioso paquete de reformas sociales deja un saldo agridulce: de las cinco iniciativas bandera, solo la reforma laboral logró convertirse en ley y comenzar su implementación gradual, mientras que las restantes —salud, pensional, agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad— enfrentan obstáculos legislativos, judiciales o están en proceso de liquidación.
El presidente Petro asumió el 7 de agosto de 2022 con la promesa de transformar las condiciones de vida de los colombianos y reducir las brechas sociales a través de estas cinco reformas. Sin embargo, el camino legislativo fue tortuoso. La reforma laboral, sancionada el 25 de junio de 2025, logró superar un trámite accidentado que incluyó una consulta popular fallida, un polémico “decretazo” y una apelación. Ahora, se implementa de forma progresiva con medidas como el aumento del recargo dominical y festivo al 100%, el reconocimiento del trabajo nocturno desde las 7:00 p.m. y la reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales, con efectos que se extenderán hasta 2027. Pese a su aprobación, Juliana Morad, directora del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, advirtió que “la reforma no fue diseñada para generar empleo, sino para fortalecer la protección de quienes ya se encuentran en la formalidad laboral”, citada por El Colombiano.
Reformas pendientes y frenos judiciales
La reforma pensional, aunque fue aprobada como Ley 2381 en 2024, sigue pendiente de un fallo de constitucionalidad. La Corte Constitucional devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes por falta de debate, y el Gobierno avanzó por decreto con el aumento del subsidio Colombia Mayor. En medio de este proceso, la Fiscalía investiga un presunto desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) para favorecer su aprobación. Alejandro Espitia, economista y politólogo, destacó que uno de los principales aportes de la ley es “institucionalizar ese subsidio para que no dependa de la voluntad del gobierno de turno”, según citó El Colombiano.
La reforma a la salud, por su parte, sufrió dos archivazos en el Congreso en 2024. Aunque una apelación revivió el trámite, no logró avanzar. El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ha impulsado por decreto los Equipos Básicos de Salud, de los cuales asegura hay más de 10.000 en funcionamiento, pero esta medida está bajo revisión judicial. La Corte Constitucional ordenó transparentar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y suspendió el uso de recursos para esos equipos; el Consejo de Estado anuló el decreto de traslado de afiliados, y la Contraloría investiga posibles irregularidades en el programa.
Agraria e Igualdad, las más rezagadas
En materia agraria, la meta del Gobierno era distribuir un millón de hectáreas, pero al 19 de abril de 2026, la Agencia Nacional de Tierras apenas había adquirido 254.103 hectáreas. Aunque se aprobó un Conpes con 146 acciones y un presupuesto indicativo superior a 18 billones de pesos, la falta de la Jurisdicción Agraria —que debía resolver conflictos de tenencia— deja la reforma inconclusa. El panorama es aún más crítico para el Ministerio de la Igualdad, creado bajo la dirección de la exvicepresidenta Francia Márquez mediante la Ley 2281 de 2023. La Corte Constitucional declaró vicios de trámite por falta de aval fiscal, y al no ser corregido a tiempo por el Congreso, la cartera entró en liquidación, afectando a cerca de 600 trabajadores y recibiendo cuestionamientos por su ejecución presupuestal y nombramientos.
«La reforma [laboral] no fue diseñada para generar empleo, sino para fortalecer la protección de quienes ya se encuentran en la formalidad laboral».
Juliana Morad, directora del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana
Con el cambio de administración a la vista —el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el 7 de agosto—, el legado de las reformas sociales de Petro queda en vilo. La única ley en firme, la laboral, comienza a mostrar sus primeras huellas, pero sus efectos reales aún no pueden medirse. Las demás reformas, atrapadas entre la judicialización y la falta de consenso político, dejan un camino incierto que el próximo Gobierno deberá retomar, archivar o rediseñar.
