La corrupción en el país no tiene ideología, religión ni estrato; es un virus democrático que se alimenta de nuestras omisiones cotidianas y que solo se podrá combatir reescribiendo la ética desde las aulas
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena que pasó casi como una nota de página judicial en medio del ruido diario del país: doce años de prisión para la excongresista Tatiana Cabello. Su delito, técnicamente llamado concusión, consistía en algo tan viejo como la República: exigirle a los miembros de su propio equipo de trabajo una tajada de sus salarios para mantener el puesto. Lo paradójico —y trágico— es que Cabello, antes de vestir los colores del Centro Democrático, fue periodista y reportera política; es decir, pasó años vigilando e investigando los abusos del poder, para luego cruzar la línea y terminar replicando las peores mañas que alguna vez denunció.
El caso conmociona, pero no sorprende. En Colombia hemos desarrollado una tolerancia inmunológica al desfalco porque la corrupción no es una anomalía del sistema; es el sistema mismo. Se nos volvió parte del ADN cultural. Un camaleón ideológico que no distingue entre partidos, religiones ni estratos. La historia reciente lo grita sin pudor: la derecha y la tecnocracia del gobierno de Iván Duque naufragaron en las pólizas falsas y los millones refundidos de Centros Poblados; mientras que la izquierda y las banderas del cambio del gobierno de Gustavo Petro se ahogaron en los carrotanques de La Guajira y los maletines de efectivo de la UNGRD destinados a comprar congresistas. Misma práctica, distinto color.
Pero reducir la corrupción a los grandes titulares de prensa es ignorar cómo respira el país en sus esquinas más profundas. Los grandes escándalos de arriba son solo el reflejo macroscópico de un engranaje cotidiano, silencioso y miserable que ocurre abajo, donde la gente sobrevive.
Pensemos en Mauro, un parroquiano de un pueblo cualquiera, a quien el Partido Liberal le consiguió un contrato de rosería para limpiar la maleza de tres kilómetros de la vía de acceso. De los dos millones de pesos netos de su paga, Mauro quien tenía una obligación sagrada y extorsiva: entregarle 500 mil pesos al concejal que le «hizo el milagro» del empleo. O pensemos en Carlos, el conductor de la volqueta de la basura de su municipio, obligado a firmar facturas en la estación de gasolina con diez galones de más en cada tanqueo, porque ese es el pacto oscuro entre el alcalde y el dueño de la bomba.
En las ciudades, el peaje ético no cambia, solo se viste de corbata. Martha Elena, una abogada de 35 años, buscó el favor de un Representante a la Cámara para mejorar sus ingresos vinculados a un ministerio. El congresista, sin asomo de vergüenza, le notificó que su salario ya no serían los tres millones que devengaba en el lugar donde laboraba sino de seis millones de pesos, pero con una condición: debía «donar» un millón mensual a la colectividad para supuestos gastos administrativos.
La misma sorpresa se llevó Mariela, una joven administradora de empresas recién graduada. A través de un tío, obtuvo un contrato de prestación de servicios en el Instituto Nacional de Salud por dos millones de pesos. Días después, un poderoso senador de la república—que hoy ostenta una de las dignidades mas altas del Estado y maneja los hilos del poder nacional— la citó a su despacho sin conocerla. Le dio la «buena nueva» de que su asignación aumentaría un millón más, pero le aclaró de inmediato que esa plata adicional no era suya: debía entregársela a un tercero para aceitar la campaña política que se avecinaba.
Esta práctica de ordeñar las necesidades humanas es una costumbre tan arraigada en los pasillos del Congreso que ya ni siquiera se disimula. Hace unos años, cuando trabajaba en la Presidencia de la República, un colega me llamó para pedirme espacio en mi equipo. Sabiendo con quién laboraba, le pregunté si había tenido problemas con la congresista a la que servía (una dama de altísimo perfil mediático). Con lágrimas en los ojos, me confesó la verdad: tenía que entregarle a ella, mes a mes, el 50 por ciento de su sueldo.
A mí mismo me tocó vivir el zarpazo de esa cultura en 1982, cuando obtuve mi primer empleo tras participar en la campaña de Luis Carlos Galán. Un representante electo me anunció que me ganaría cinco mil pesos como auxiliar de una comisión de la Cámara, pero que, como yo ya venía ganando tres mil en las huestes del partido, debía tomar esos tres mil y entregarle a él los dos mil restantes para «pagar el mensajero de la sede». Por fortuna, las directivas nacionales de la colectividad enteradas del abuso le dieron una reprimenda al avivato y me ordenaron no soltar un solo peso. Galán intentaba contener un dique que ya estaba roto.
Historias como estas se encuentran a diario y explican por qué el país no se escandaliza con los doce años de cárcel dictados contra Tatiana Cabello. Cada cuatro años, en campaña, vemos a los candidatos rasgarse las vestiduras prometiendo que van a acabar con la corrupción con el próximo software, la próxima ley o la enésima reforma. Ignoran de frente —o deciden ignorar— que el mal es de origen cultural. Por eso, las denuncias mediáticas o los procesos ante las autoridades muchas veces no son justicia, sino la cuenta de cobro que le pasa el enemigo político de turno al que cayó en desgracia.
Si queremos cambiar el rumbo, hay que empezar de nuevo. La verdadera batalla no está en los tribunales, sino en la escuela y el colegio. Es allí, en las aulas de las nuevas generaciones, donde se debe inculcar la frontera entre el bien y el mal, la decencia y el abuso. , el celoso cuidado que se debe tener de los recursos públicos. Pero hoy, trágicamente, la política educativa prefiere desgastarse en otra discusión de moda, tan estéril como mediática: la de controlar los salones de clase para adoctrinar a los alumnos según los dogmas o las tendencias religiosas de quien maneje el poder de turno. Mientras pelean por los sesgos del mañana, descuidan la ética del hoy.
En Colombia, la corrupción es un virus democrático arraigado en el alma nacional donde todos, de alguna manera, por acción o por omisión, por necesidad o por silencio, terminamos pagando o cobrando el impuesto de estar vivos.
