En un giro radical respecto a la política de seguridad del actual Gobierno, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el desmonte total de la denominada Paz Total y la reactivación inmediata de las órdenes de captura contra grupos armados ilegales. La determinación, comunicada durante su segunda alocución dominical del pasado 5 de julio a través de sus redes sociales, entrará en vigor el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá la presidencia. De la Espriella justificó la medida al calificar el modelo de paz impulsado por la administración de Gustavo Petro como un sistema de “impunidad” que, según su análisis, terminó fortaleciendo precisamente a las organizaciones criminales que buscaba desarticular.
El mandatario electo fue contundente en su mensaje, afirmando que «la paz total fue impunidad total» y exigiendo que el país conozca «cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total». Como parte de su plan de acción, De la Espriella firmará una serie de decretos el día de su posesión, mediante los cuales solicitará a la Fiscalía General de la Nación la reactivación de todas las órdenes de captura suspendidas y la revocación de beneficios otorgados a miembros de grupos armados en el marco de los procesos de negociación. El presidente electo advirtió que no habrá prórrogas, dando un ultimátum de menos de un mes para que las organizaciones armadas decidan someterse a la justicia.
Nuevos lineamientos y la solicitud de Los Pepes
De la Espriella detalló que su Gobierno no permitirá zonas de paz ni territorios vedados para la fuerza pública. «No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad», sentenció. En este contexto, reveló que ha recibido una solicitud formal de sometimiento por parte de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados cabecillas de la estructura criminal conocida como Los Pepes. Para gestionar este proceso, el presidente electo ordenará al ministro de Defensa designado que coordine el procedimiento, a la vez que solicitará a la Fiscalía la designación de un fiscal especial y un grupo de policía judicial que se encargue del caso.
La política de Paz Total, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, buscó abrir procesos simultáneos de negociación con guerrillas como el ELN, disidencias de las Farc y múltiples estructuras criminales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por constantes crisis, como la suspensión de diálogos, un incremento notable de la violencia en regiones como el Cauca y el Catatumbo, y serios cuestionamientos sobre la efectividad de los ceses al fuego. Frente a este panorama, De la Espriella fue enfático al asegurar que su administración no repetirá esos errores. «A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla», concluyó el presidente electo.
