La nueva administración de Ecopetrol, encabezada por Abelardo de la Espriella, se prepara para ejecutar una profunda reestructuración en la cúpula de la empresa estatal. Según fuentes consultadas, el primer paso será convocar una asamblea general de accionistas para mediados de agosto, apenas instalado el nuevo mandatario en la Casa de Nariño, con el objetivo de remover a tres miembros de la junta directiva alineados con el proyecto del expresidente Gustavo Petro y elegir a un nuevo presidente de la compañía. La asamblea se convocaría mediante el primer decreto del nuevo gobierno, en una decisión que refleja la urgencia por imprimir un nuevo rumbo a la petrolera, luego de cuestionamientos a la gestión saliente por contratos, licitaciones y procesos judiciales que involucran al presidente saliente Ricardo Roa.
La purga de directivos apunta a quienes han estado vinculados con la anterior administración. Se da por descontado que una de las primeras en salir de la junta es su presidenta, Ángela María Robledo, además de Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias y Tatiana Roa. En contraste, los miembros independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee —representantes de fondos de pensiones minoritarios y departamentos productores de petróleo— se mantendrían por haber solicitado suspender decisiones no esenciales hasta la llegada de la nueva administración. La junta directiva, compuesta por nueve integrantes, permite que la primera modificación solo afecte a una parte del cuerpo colegiado, de modo que el equipo de Gustavo Petro podría conservar apenas tres posiciones si los cambios se implementan gradualmente.
Los contratos bajo la lupa
La gestión saliente deja tras de sí una estela de millonarios acuerdos que serán revisados por el nuevo equipo. Solo los contratos de mantenimiento en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena superan los 150 mil millones de pesos, mientras que un contrato tecnológico en la filial Cenit asciende a 400 mil millones de pesos. Más controvertido es el contrato legal con la firma estadounidense Covington & Burling, cuyo valor escaló de 875.000 a cinco millones de dólares sin la aprobación de la junta directiva, lo que derivó en una investigación disciplinaria contra Álvaro Torres, directivo de la filial ISA. La Unión Sindical Obrera (USO) denunció además intentos de acelerar acuerdos contractuales antes del cambio de gobierno, lo que refuerza la percepción de irregularidades en la administración de Ricardo Roa.
«En la más reciente junta, el doctor Henao, a quien el gobierno Petro buscaba remover, y Rodríguez Yee pidieron frenar lo no esencial. Y se da por descontado que una de las primeras en salir de la junta es su presidenta, Angela María Robledo»
Fuente enterada consultada por El Tiempo
Renovación en cadena en las filiales
La dinámica de renovación directiva no se limitará a la casa matriz. En la filial ISA, tras la salida de Jorge Andrés Carrillo por irregularidades en su nombramiento, ingresaron Mónica de Greiff y Álvaro Torres, quienes serían relevados en la misma ola de cambios. Torres, además, enfrenta una investigación disciplinaria por el contrato con Covington & Burling. La nueva administración de Ecopetrol planea reactivar proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, así como revisar la composición de las juntas en subsidiarias nacionales e internacionales. Con la asamblea de agosto como punto de partida, se espera que el nuevo presidente de la compañía sea elegido en ese mismo cónclave, dando inicio a una etapa que promete una redefinición estratégica de la mayor empresa del país.
