Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por la Fundación Colombia 2050 y la Alianza por la Democracia, entre otros colectivos, emitió un pronunciamiento público en el que exige al presidente Gustavo Petro respetar la Constitución y la voluntad popular, luego de que el mandatario desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. En el comunicado, las organizaciones rechazan de manera contundente las declaraciones de Petro que ponen en duda la legitimidad del proceso electoral, en el que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Abelardo de la Espriella como presidente y a José Manuel Restrepo como vicepresidente, y que ya expidió las credenciales correspondientes.
El pronunciamiento se produce en un clima de creciente tensión política, luego de que el presidente Petro desconociera los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial y, como consecuencia de ello, el presidente electo Abelardo de la Espriella suspendiera el proceso de empalme con el Gobierno saliente. Las organizaciones calificaron esta situación como una amenaza a la institucionalidad democrática, y recordaron que la elección fue observada por misiones nacionales e internacionales que coincidieron en calificarla como transparente. Además, señalaron que los candidatos derrotados, Iván Cepeda y Aida Quilcué, aceptaron las curules en el Congreso conforme al Estatuto de la Oposición, un hecho que consideran un reconocimiento institucional de los resultados electorales.
“Su efecto inmediato ha sido el mismo: aumentar la incertidumbre en un momento en el que Colombia necesita confianza en sus instituciones”
Alianza por la Democracia
En el comunicado, las organizaciones subrayan que la declaratoria oficial de la elección corresponde a las autoridades electorales y que cualquier persona puede solicitar la nulidad de los actos de elección dentro de los treinta días siguientes, pero que la única autoridad facultada para resolver esa solicitud y eventualmente anular la elección es el Consejo de Estado. Asimismo, advierten que la posesión del presidente electo, programada para el 7 de agosto, “no depende de la autorización del presidente saliente, ni se ve impedido si existe una acción judicial pendiente en el Consejo de Estado”. Sobre el proceso de empalme, las organizaciones destacan que no es una concesión política entre gobiernos ni una decisión discrecional, sino un mecanismo diseñado para garantizar la continuidad de la administración pública, proteger los recursos del Estado y asegurar que el cambio de gobierno no afecte la prestación de servicios a la ciudadanía.
Las organizaciones hicieron un llamado tanto al presidente Gustavo Petro como al presidente electo Abelardo de la Espriella a “respetar la dignidad del cargo que ostentan, a moderar el lenguaje y a sustentar sus planteamientos en argumentos veraces. En democracia, la altura del debate debe estar a la altura de las instituciones”. También instaron a reanudar el proceso de empalme de manera inmediata, y pidieron a las altas cortes, organismos de control, Congreso y partidos políticos resolver las diferencias dentro de las instituciones, sin recurrir a vías de hecho que puedan socavar la estabilidad del país.
