La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar un presunto detrimento patrimonial superior a los 6.000 millones de pesos, relacionado con pagos por consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) realizadas entre 2021 y 2024. La actuación, iniciada de oficio por el organismo de control, está dirigida contra exdirectivos y contratistas que ejercieron funciones en la Secretaría Distrital de Movilidad durante ese período, y busca determinar si los pagos causaron un daño al patrimonio público.
El proceso se encuentra en su etapa inicial y no implica una decisión definitiva sobre la existencia del detrimento ni sobre la responsabilidad de los involucrados, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa. La investigación deberá recaudar y analizar pruebas para determinar si el caso se archiva o si se emite un fallo con responsabilidad fiscal. La Secretaría Distrital de Movilidad, por su parte, aseguró que brindará toda la información y colaboración requerida, con el propósito de contribuir a que el proceso se realice y llegue a su fin con transparencia.
Secretaría defiende legalidad de las consultas
En un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que las consultas al RUNT hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de funciones de control y actuaciones administrativas relacionadas con la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito. Además, explicó que la información requerida y el volumen de estas consultas corresponden a procedimientos oficiales de datos específicos, y que no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía.
«La entidad brindará la información y colaboración que sea requerida dentro del proceso, con el propósito de contribuir a que este se realice y llegue a su fin con transparencia.»
Comunicado oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad
Las notificaciones del proceso ya fueron dirigidas a los exdirectivos y contratistas señalados, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus descargos. La investigación, que abarca un período de cuatro años, se enfoca en determinar si los pagos por las consultas al RUNT excedieron lo estipulado legalmente o si se realizaron de manera irregular, lo que habría generado el presunto detrimento de más de 6.000 millones de pesos. La Contraloría de Bogotá deberá ahora recaudar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y tomar una decisión sobre el futuro de la actuación fiscal.
