La Contraloría Distrital de Medellín abrió una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos en Empresas Públicas de Medellín (EPM), ocasionado por la selección de un nuevo contratista para las obras finales del proyecto Hidroituango, específicamente las unidades 5, 6, 7 y 8. La investigación, que se inició como una actuación especial a finales de febrero de 2025, fue trasladada desde la Contraloría General de Antioquia a la Contraloría Distrital debido a que la entidad directamente afectada es EPM y no la Sociedad Hidroituango.
La indagación se centra en el proceso de contratación adelantado durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero, en el que se justificó el cambio de contratistas por los procesos judiciales que enfrentaban las empresas responsables de la contingencia de 2018. Sin embargo, la contralora distrital, Paula Ortega, explicó que la propuesta seleccionada para asumir las obras superaba el presupuesto oficial que EPM tenía estimado para esta fase del megaproyecto, generando así la diferencia que se investiga como un posible daño al patrimonio público.
Los detalles de la investigación fiscal
La etapa preliminar del proceso fiscal, que podría extenderse hasta el año 2028, buscará establecer con exactitud la cuantía del detrimento, identificar a los funcionarios y particulares que participaron en la toma de decisiones, y determinar los criterios técnicos y jurídicos que se emplearon para la selección. La Contraloría Distrital revisará documentos contractuales, estudios previos y evaluaciones que soportaron la elección del nuevo contratista para las unidades 5 a 8, consideradas fundamentales para completar la capacidad total de generación del proyecto hidroeléctrico. Ortega enfatizó que, por ahora, se trata de una hipótesis de daño que deberá ser sustentada con pruebas a lo largo del proceso, sin que esto implique responsabilidades definitivas para los involucrados.
«El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial»
Paula Ortega, Contralora Distrital de Medellín
Mientras EPM y la Alcaldía de Medellín han defendido el cambio de contratistas como una medida necesaria para apartar del proyecto a empresas señaladas en los procesos judiciales derivados de la emergencia de 2018, distintos sectores políticos, gremiales y expertos en contratación pública han cuestionado los mecanismos utilizados y su impacto en el cronograma de operación de Hidroituango. La indagación ahora avanza en su fase preliminar, con el objetivo de determinar si efectivamente hubo un daño al erario y quiénes deberían responder fiscalmente por el presunto sobrecosto de más de 108 mil millones de pesos.
