La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, como autor del delito de prevaricato por acción agravada en modalidad de delito continuado. La decisión judicial se produjo tras establecer que, cuando se desempeñaba como juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá, entre enero de 2008 y septiembre de 2009, Suárez Vacca concedió y mantuvo la prisión domiciliaria al narcotraficante y secuestrador Lelio Nevardo Ávila Santana, pese a las claras prohibiciones legales que lo impedían.
La condena impuesta por el alto tribunal es de 68 meses (5,67 años) y 24 días de prisión, una multa de 99,99125 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 110 meses (9,1 años) y 11 días. La Corte determinó que Suárez Vacca profirió decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, omitió verificar los antecedentes penales del condenado y desconoció las restricciones establecidas en la Ley 750 de 2002, que excluye expresamente la prisión domiciliaria para personas condenadas por secuestro. La Sala consideró que la conducta fue continuada y no se trató de actuaciones aisladas, y que la responsabilidad penal se sustenta en el conocimiento y la voluntad de apartarse del derecho al proferir las providencias cuestionadas, sin que fuera necesario acreditar cohecho o contraprestación económica para dar por satisfecho el elemento subjetivo del tipo penal.
Los hechos que llevaron a la condena
La investigación reveló que Ávila Santana cumplía una condena original de 17 años por tráfico de estupefacientes agravado y más de 3 años por secuestro simple, cuando Suárez Vacca, fungiendo como juez, le concedió el beneficio de prisión domiciliaria bajo el argumento de su condición de padre cabeza de familia, requisito que la Corte determinó que no se acreditó conforme a la ley. La defensa del congresista intentó justificar los hechos argumentando carga laboral, dinámica judicial y una posible inducción en error, argumentos que fueron rechazados por el tribunal. «Entre los años 2008 y 2009, Pedro José Suárez Vacca, presuntamente profirió decisiones contrarias al ordenamiento jurídico relacionadas con la concesión irregular de subrogados o sustitutos de sanciones penales», señala un fragmento de la sentencia. El fallo añade: «La responsabilidad del procesado se sustenta en el conocimiento y la voluntad de apartarse del derecho al proferir las providencias cuestionadas, sin que sea necesario acreditar la existencia de un cohecho o de una contraprestación económica para tener por satisfecho el elemento subjetivo del tipo».
Pruebas y testimonios contundentes
Durante el proceso, la Procuraduría General solicitó condena en una audiencia en la que se presentaron pruebas documentales y testimoniales. Entre ellas, destacó una carta manuscrita atribuida a Suárez Vacca dirigida a Lelio Nevardo Ávila Santana, que fue sometida a un análisis grafológico que confirmó su autenticidad. Además, declararon Jhon Carlos Mancipe Puerto, señalado como intermediario en el caso, y el propio Ávila Santana, quien confirmó que sostuvo contactos personales con el funcionario judicial por fuera de los canales institucionales. La Corte también ordenó, como medida de restablecimiento del derecho, la publicación de un resumen del fallo y una manifestación escrita de excusas públicas a la Rama Judicial, al Estado colombiano y a la sociedad.
Recursos y próximos pasos
La sentencia negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó librar la orden de captura una vez que el fallo quede en firme. Contra esta decisión procede el recurso de apelación en efecto suspensivo ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la determinación de la Sala Especial de Primera Instancia no fue unánime, pues uno de los magistrados salvó parcialmente su voto, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos debates jurídicos en torno a este caso que ha sacudido la esfera política y judicial del país.
