La Defensoría del Pueblo hizo un llamado este sábado 11 de julio de 2026 al presidente electo Abelardo de la Espriella y al Congreso que iniciará funciones en el periodo 2026-2030 para que pongan en el centro de la política pública la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición. El exhorto se produce tras la publicación del VI Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), titulado Tejidos para la reparación, que identifica avances pero también persistentes desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, a casi una década de su firma, ocurrida el 26 de noviembre de 2016 en La Habana.
La entidad, a través de un comunicado oficial, advirtió que “la capacidad institucional diseñada hace quince años ha sido superada por la magnitud del conflicto”, destacando la urgencia de consolidar una paz duradera. El informe del comité de seguimiento señala avances significativos, como la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento de personas indemnizadas por violencia sexual, la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades estatales y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, también revela serias deficiencias en la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (Osignh), así como una atención insuficiente a las víctimas en el exilio.
Crisis humanitaria en el Cauca
El llamado de la Defensoría se suma a una alerta emitida desde el jueves 10 de julio de 2026 sobre una grave crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, departamento del Cauca, específicamente en la comunidad de San Antonio de Gurumendy. El 3 de julio, una incursión armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó un saldo de 40 personas secuestradas, de las cuales 32 fueron liberadas horas después, mientras que ocho continúan en poder de ese grupo ilegal. Durante el ataque, los integrantes del ELN reunieron de forma obligatoria a los habitantes, hurtaron alimentos y forzaron a las víctimas a transportar lo robado.
La Defensoría exigió la liberación inmediata e incondicional de los ocho secuestrados y demandó que se respete su vida e integridad. La incursión también provocó el desplazamiento forzado de cerca de 200 personas, pertenecientes a más de 70 familias, que huyeron hacia la cabecera municipal de López de Micay y hacia Buenaventura, en el Valle del Cauca. La zona es escenario de una compleja disputa territorial entre varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.
Compromiso con la paz y las víctimas
La Defensoría del Pueblo reiteró que “seguiremos acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz”. La entidad recordó que, como parte de los avances institucionales, se creó por ley la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una herramienta clave para fortalecer la respuesta del Estado.
“La capacidad institucional diseñada hace quince años ha sido superada por la magnitud del conflicto”
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
El organismo de control demandó al próximo gobierno, al Congreso y a todas las instituciones del Estado reforzar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, advirtiendo que la paz no será posible sin una atención integral a las víctimas y sin la garantía de que hechos como los ocurridos en el Cauca no se repitan. Mientras el país se prepara para un nuevo ciclo político, el llamado de la Defensoría resuena como una advertencia sobre los retos que aún persisten para cerrar las heridas del conflicto.
