La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Daniel Yunda Fajardo, dragoneante, y a Édgar Alfredo Melo Forero, inspector, ambos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta participación en la fuga de un integrante de la banda criminal Tren de Aragua, ocurrida el pasado 1 de abril en la cárcel La Picota de Bogotá. Según el ente acusador, los dos servidores públicos habrían recibido 500 millones de pesos para facilitar la evasión del recluso, quien se encontraba bajo custodia con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.
La fuga se ejecutó utilizando una cuerda artesanal elaborada con sábanas y ropa, con la cual el preso descendió desde su celda hasta el exterior del penal. Los funcionarios judicializados, en presunta concertación, habrían dejado abierta la puerta de la lavandería, omitido los conteos reglamentarios y no activaron la alerta de fuga, lo que permitió que la evasión no fuera detectada sino hasta la mañana del día siguiente, 2 de abril. El fugitivo, de nacionalidad venezolana, permaneció prófugo durante más de un mes hasta que fue recapturado el 8 de mayo en la ciudad de Medellín, Antioquia, en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Interpol.
Judicialización y posibles redes de corrupción
Durante la audiencia pública de imputación de cargos, la Fiscalía les atribuyó a Yunda Fajardo y Melo Forero los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio. Ambos funcionarios no aceptaron los cargos, por lo que el proceso continuará en etapa de juicio. El caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de seguridad en el sistema penitenciario colombiano y la posible existencia de redes de corrupción que facilitan este tipo de evasiones a cambio de sumas millonarias.
«La Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir y sancionar la corrupción en todos los niveles, especialmente cuando afecta la seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de la custodia de la población privada de la libertad»
Fiscalía General de la Nación (comunicado oficial)
Tras los hechos, las autoridades penitenciarias anunciaron una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en la cárcel La Picota y en otros establecimientos del país, con el objetivo de prevenir nuevas fugas y desarticular cualquier estructura corrupta que opere al interior del Inpec. El caso del integrante del Tren de Aragua, que estaba a la espera de ser extraditado a Perú, se suma a una serie de escándalos que han cuestionado la capacidad del sistema carcelario para garantizar la custodia de presos de alta peligrosidad.
