En un contundente giro hacia la protección ambiental, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en conjunto con la ministra de Ambiente, anunciaron que el próximo 20 de julio de 2026 radicarán ante el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. El anuncio se realizó durante la entrega de dos proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar, y marca un hito en la política de transición energética del Gobierno. La iniciativa, que será presentada junto con congresistas del Pacto Histórico en la instalación del periodo constitucional 2026-2030, busca, según el ministro, «proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas», basándose en evidencia científica que demuestra los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública asociados a esta práctica de explotación de hidrocarburos no convencionales.
Palma fue enfático al señalar que «durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron». La decisión de presentar el proyecto de ley en el inicio del nuevo periodo legislativo responde a la necesidad de blindar legalmente la prohibición de una técnica que, según estudios, contamina fuentes de agua, genera sismos inducidos y afecta negativamente a las comunidades cercanas a los yacimientos. El ministro agregó que «defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos», dejando claro el compromiso del Ejecutivo con la protección de los recursos naturales.
Cifras de la transición energética en el Cesar
En el mismo evento, se entregaron dos proyectos de energía solar en Becerril y Curumaní que ya están transformando la vida de miles de personas. Con una inversión de 36.000 millones de pesos, se instalaron 2.494 paneles solares que benefician directamente a 4.300 habitantes de la región. Estos sistemas generan 1.870 MWh de energía limpia al año y permiten evitar la emisión de 340 toneladas de CO₂ anualmente, con una vida útil estimada de 25 años. Las obras forman parte de la estrategia de Comunidades Energéticas, un programa que integra planeación territorial, identificación de beneficiarios, mecanismos de financiación, ejecución y sostenibilidad, y que opera tanto en Zonas No Interconectadas como en el Sistema Interconectado Nacional.
A nivel nacional, el programa ha logrado avances significativos: se han implementado 848 comunidades energéticas que benefician a 567.558 personas, atendiendo a 42.200 usuarios. La capacidad instalada alcanza los 29,68 MWp, con una inversión superior a 382.913 millones de pesos. El Gobierno sostiene que estos proyectos fortalecen la seguridad energética y la transición energética, generando impactos sociales, ambientales y económicos positivos en los territorios.
Transparencia y empalme institucional
En medio del proceso de empalme institucional, el Ministerio de Minas y Energía ha puesto a disposición de la ciudadanía la información sobre los avances, resultados y proyectos estratégicos del sector. «Ante la decisión de la administración entrante de no continuar con los espacios de articulación institucional, la cartera minero-energética mantiene abiertos los canales de información para garantizarle al pueblo colombiano que conozca el estado de la gestión y los desafíos que deberán atenderse en los próximos años», explicó el ministro Palma, reafirmando su compromiso con la transparencia y el derecho a la información de los colombianos.
«He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas.»
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
