En una contundente movida política que marca la transición de gobierno, tres congresistas colombianos solicitaron formalmente al presidente electo Abelardo de la Espriella y al designado ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, la revocatoria directa e inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). La petición, contenida en una carta fechada el 11 de julio, lleva las firmas de los representantes Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Stefanny Borda, quienes argumentan que estas medidas adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro carecen de respaldo legal y técnico, afectan la seguridad jurídica de los propietarios rurales y vulneran la autonomía de municipios y departamentos.
Las resoluciones objetadas fueron expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con fundamento en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026. Según los congresistas, dicha disposición legal permitió convertir una medida pensada para un cuatrienio en un mecanismo permanente para definir el uso del suelo rural, generando restricciones que califican de desproporcionadas. En específico, la solicitud de revocatoria apunta a los actos administrativos que delimitan APPA y ZPPA en regiones como la Sabana Centro de Cundinamarca, La Guajira, el Suroeste de Antioquia, Córdoba, Tolima y Santander, áreas donde miles de predios rurales habrían quedado sujetos a prohibiciones para desarrollar actividades como comercio, industria, turismo, minería o construcción de vivienda.
Críticas a la falta de sustento técnico y legal
En la misiva, los parlamentarios subrayan que las medidas «atropellan la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa». Sostienen que no existe una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica para los dueños de tierras. La representante Carol Stefanny Borda fue especialmente enfática al señalar que «consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de miles de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio». En una declaración adicional, Borda insistió en que «el campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada», y exigió que cualquier intento por limitar el uso del suelo debe tener «un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales».
«Como congresistas de la República, hacemos un llamado urgente al Gobierno entrante para que, desde el primer día de su administración, ordene la revocatoria directa de todas las resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (…)»
Congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos, Carol Stefanny Borda (carta)
Además de la revocatoria de las resoluciones sobre APPA y ZPPA, la solicitud incluye la petición de revisar el Decreto 1147 de 2024, una norma que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina. Los congresistas consideran que este decreto profundiza la misma lógica intervencionista que cuestionan.
Cabe recordar que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General ya habían advertido sobre los riesgos legales, fiscales y de gobernanza que implicaban estas disposiciones. La Procuraduría, de hecho, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294, piedra angular de las resoluciones ahora cuestionadas. Con este panorama, los congresistas esperan que el nuevo gobierno, que asumirá funciones en los próximos días, atienda su llamado y dé marcha atrás a lo que consideran un exceso regulatorio que pone en jaque la seguridad jurídica del campo colombiano.
