La Contraloría General de la Nación reveló un grave hallazgo de corrupción en la ejecución de recursos de regalías. Una auditoría practicada al Fondo Mixto Sierra Nevada estableció que 20 particulares, sin ningún vínculo laboral ni contrato de supervisión, asumieron de facto el control de 45 proyectos financiados con regalías por un valor total de 343.117 millones de pesos. Estas personas, contratadas bajo la figura de prestación de servicios, firmaron informes, autorizaron anticipos y aprobaron pagos sin estar facultados legalmente para ello, lo que configura una grave violación a la ley que reserva la función de supervisión exclusivamente a servidores públicos.
Los hechos, dados a conocer por la Contraloría y difundidos por la revista Cambio, tienen como epicentro al Fondo Mixto Sierra Nevada con sede en La Guajira. Su director ejecutivo, Andrés Felipe Cleves Daza, firmó los oficios mediante los cuales se designó a los 20 contratistas como supervisores, sin mediar ningún acto administrativo que los facultara. En la práctica, estos particulares asumieron la supervisión directa e integral de contratos de obra, mientras que la Dirección Técnica del Fondo, que debía ejercer el control, brilló por su ausencia. La auditoría detectó además un sistema de pagos cruzados entre los mismos contratistas, quienes se autopagaban honorarios y se aprobaban mutuamente los informes de cumplimiento, sin que mediara el aval del director ejecutivo, quien figuraba como supervisor simultáneo de los 49 contratos de prestación de servicios.
Honorarios millonarios y control sobre obras
El monto de los honorarios pagados a los 20 contratistas asciende a 1.254 millones de pesos, distribuidos en 49 contratos de prestación de servicios. Los casos más emblemáticos son los de Luis Alejandro Martín Merchán y Camilo Andrés Piñeros Gómez. Martín Merchán, ingeniero civil, quedó a cargo de 16 contratos de obra, autorizó pagos por 85.252 millones de pesos y recibió 460 millones en honorarios. Por su parte, Piñeros Gómez asumió la supervisión de 10 convenios, aprobó desembolsos por 121.624 millones de pesos, y ya es investigado por la Procuraduría desde noviembre de 2025 por un proyecto ejecutado en Barrancas, La Guajira, que involucra también al exalcalde Vicente Berardinelli y al propio Cleves Daza. Otro caso que ilustra la magnitud de la irregularidad es el de Érika Cotes Guerra, quien supervisó casi simultáneamente los 45 proyectos en municipios de cinco departamentos entre junio de 2023 y marzo de 2024, cobrando cerca de 1.000 millones de pesos en honorarios. Cotes Guerra ya tiene antecedentes por irregularidades en su múltiple participación en proyectos simultáneos.
En total, los particulares autorizaron pagos a contratistas de obra e interventoría por 281.298 millones de pesos. Los pagos cruzados entre los mismos supervisores irregulares también saltan a la vista: Martín Merchán autorizó 207 millones de pesos a favor de Piñeros Gómez, y este último aprobó 376 millones para Martín Merchán. Pero las anomalías no terminan allí. En 48 de los 49 contratos se pagaron anticipos del 50% sin justificación técnica o financiera alguna. Además, 27 actas de inicio se firmaron sin contar con el registro presupuestal correspondiente, y 22 actas se suscribieron sin que se hubieran aprobado las pólizas de garantía, incumpliendo el manual del Fondo y la Ley 1150 de 2007.
Proyectos en once departamentos sin control real
Los 45 proyectos supervisados irregularmente se ejecutaron en once departamentos del país: Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. Las obras eran de infraestructura, educación y saneamiento básico, con características técnicas muy disímiles. Sin embargo, los 49 contratos de prestación de servicios tenían funciones idénticas para todos los supervisores, lo que evidencia una desconexión entre los perfiles contratados y los proyectos asignados. La auditoría encontró, por ejemplo, el caso de una ingeniera civil vinculada a un proyecto ganadero, sin ninguna relación con su formación. Tampoco aparecieron los planes de inversión del anticipo que exige el manual de contratación del Fondo.
El hallazgo de la Contraloría concluye que la Dirección Técnica del Fondo Mixto Sierra Nevada no ejerció ningún control sobre estos encargos. La función de supervisión, que por ley está reservada a servidores públicos, fue delegada de facto a particulares sin vínculo laboral, sin contrato de supervisión ni acto administrativo. Las fallas en los controles internos del Fondo permitieron que se consolidara una estructura paralela de gestión de recursos públicos, donde los mismos contratistas se aprobaban unos a otros los informes de cumplimiento y los pagos, sin que se verificaran consistentemente los aportes a seguridad social y parafiscales, como lo exige la normativa. La investigación continúa abierta y se espera que la Contraloría determine las responsabilidades fiscales y disciplinarias que correspondan.
