En un panorama que sigue marcando la agenda económica del país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que durante el trimestre móvil de marzo a mayo de 2026, el 54,7% de los trabajadores en Colombia se encontraban en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de la población ocupada no cotiza a seguridad social ni tiene garantizada una pensión, a pesar de una leve reducción de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la cifra se situó en 55,9%. El informe, que se conoce en el contexto de la plena ejecución de la Reforma Laboral y tras un año del decreto del Gobierno de Gustavo Petro que fijó el salario mínimo en $2.000.000, evidencia la persistencia de un fenómeno estructural que golpea con mayor fuerza a ciertos sectores de la población.
El análisis por género revela brechas significativas en la medición nacional: la informalidad afecta al 57,0% de los hombres ocupados, una disminución de 0,8 puntos frente al 57,8% de 2025, mientras que en las mujeres la tasa es del 51,5%, lo que representa un descenso más pronunciado de 1,7 puntos respecto al 53,2% del año anterior. Sin embargo, al enfocarse en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tendencia se invierte levemente: la informalidad masculina se ubica en el 41,5% (frente al 42,5% anterior) y la femenina en el 39,8%, una caída de 2,3 puntos desde el 42,1% de 2025. En el desglose por tamaño de empresa, la precariedad se concentra abrumadoramente en las microempresas, donde la informalidad alcanza el 84,5%, mientras que en las pequeñas empresas es del 21,5%, en las medianas del 5,2% y en las grandes apenas del 2,4%.
La brecha territorial es igualmente marcada. Mientras que en el consolidado de 23 ciudades y áreas metropolitanas la informalidad se redujo 1,7 puntos porcentuales para ubicarse en el 41,9%, en los centros poblados y zonas rurales dispersas la tasa sigue siendo crítica, alcanzando el 82,9%, una ligera mejora de 0,9 puntos frente al 83,8% de 2025. Este dato pone de manifiesto que el campo colombiano continúa siendo el epicentro de la informalidad laboral, un desafío que las políticas públicas aún no logran revertir de manera significativa.
Las causas del fenómeno y la voz de los expertos
El contexto de la publicación del boletín está marcado por las discusiones en torno a la Reforma Laboral y el impacto del decreto que elevó el salario mínimo a dos millones de pesos. Para analistas, el aumento en los costos laborales formales podría estar incentivando la permanencia en la informalidad, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Así lo señaló Andrés Monroy Fonseca, gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, quien afirmó que “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”. Este balance se da en un momento en que un estudio de la misma firma proyecta posibles impactos adversos en la creación de empleo formal como consecuencia de las nuevas cargas regulatorias.
«Es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad»
Andrés Monroy Fonseca, gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co
Pese a la reducción general de la informalidad, que en todas las categorías medidas por el Dane mostró una tendencia a la baja, las cifras siguen siendo un llamado de atención para el Gobierno Nacional. La persistencia de tasas superiores al 80% en el área rural y la concentración de la precariedad en las microempresas sugieren que, aunque el mercado laboral muestra signos de ajuste, el camino hacia la formalización integral sigue siendo largo y complejo, en medio de un debate político y económico que no cesa.
