El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en una alocución la eliminación de más de 200 cargos y dos consejerías en la Presidencia de la República, como parte de una reforma estructural que proyecta un ahorro de 10.000 millones de pesos anuales. La medida, que entrará en vigor el próximo 7 de agosto, busca reorientar los recursos hacia programas de beneficio social, eliminando lo que el mandatario calificó como duplicidad de funciones y despilfarro en la administración pública.
De acuerdo con el anuncio, serán suprimidos 229 puestos de trabajo en la Presidencia, junto con la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las funciones de estas instancias serán transferidas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, en un intento por transformar la casa de gobierno en un centro de coordinación ejecutiva. «Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados», afirmó De la Espriella.
Reestructuración de la paz y seguridad
Uno de los cambios más significativos anunciados por el presidente electo es la transformación del alto comisionado para la Paz, que pasará a llamarse comisionado de seguridad. El nuevo enfoque estará dirigido a eliminar los privilegios y beneficios otorgados a grupos criminales que no han hecho aportes reales a la desmovilización. «Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento», declaró De la Espriella.
Además, se prevé la desaparición de varias agencias vinculadas a la Presidencia, entre ellas la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Virgilio Barco, encargada de la gestión inmobiliaria. También se da por segura la salida de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, creada en 2022 mediante el Decreto 2647. El futuro mandatario afirmó que estas decisiones buscan eliminar la duplicidad de funciones y redirigir los recursos hacia programas sociales.
«La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos»
Abelardo de la Espriella, Presidente electo
De la Espriella también cuestionó duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por autorizar a Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, a viajar a España tras ratificar la sentencia contra el último secretariado de esa guerrilla. Asimismo, criticó el reintegro de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, a quien señaló como parte del entorno del «mal perdedor que se niega a reconocer el resultado y promueve una falsa desobediencia civil». En ese sentido, dio instrucciones al futuro comisionado de seguridad y a los ministros de Defensa y Justicia, Jorge Eduardo Mora e Iván Cancino respectivamente, para «desmontar de manera inmediata toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz».
El anuncio marca un giro radical en la estructura gubernamental, que según De la Espriella, pasará de ser un aparato burocrático a un modelo austero y eficiente, eliminando lo que denominó «cargos para pagar favores políticos y cuotas burocráticas». Los recursos liberados, estimados en 10.000 millones de pesos anuales, serán destinados íntegramente a proyectos sociales que, según el presidente electo, beneficiarán directamente a los colombianos.
