La exsenadora María Fernanda Cabal respaldó este fin de semana la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de eliminar los beneficios a excombatientes y cerrar el Comisionado para la Paz, al afirmar que los procesos de paz de los expresidentes Juan Manuel Santos y Gustavo Petro «exacerbaron la violencia en el país». A través de su cuenta en la red social X, Cabal se alineó con el discurso del mandatario electo, quien ha anunciado un giro radical en la política de paz hacia un enfoque centrado en la seguridad.
La postura de Cabal y de De la Espriella representa una ruptura con las políticas implementadas durante las administraciones de Santos y Petro. El presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026, ordenó al futuro comisionado para la Seguridad, al ministro de Justicia y al ministro del Interior designado desmontar «de manera inmediata» lo que calificó como un esquema de impunidad que, según dijo, se refugia en la «falsa paz».
Un giro hacia la seguridad
En sus declaraciones, Cabal señaló que durante su precampaña ya había advertido que «la paz no se negociaba sino que se imponía». La exsenadora celebró el fin de los procesos de paz que, a su juicio, «solo benefician a los criminales». El presidente electo, por su parte, apuntó directamente contra las libertades de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excomandante de las extintas Farc, así como contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que acusa de perpetuar la impunidad. El nuevo gobierno se propone eliminar el Comisionado para la Paz y reemplazar sus funciones por una ofensiva integral en seguridad.
«Los procesos de paz de Santos y Petro exacerbaron la violencia en el país. En mi precampaña le dije a los colombianos que la paz no se negociaba sino que se imponía. Hay que celebrar que se acabe con esos procesos que solo benefician a los criminales»
María Fernanda Cabal, exsenadora
Este pronunciamiento se da en medio de la transición hacia el nuevo gobierno, que promete un cambio estructural en la forma de abordar el conflicto armado y la justicia transicional. Mientras sectores de la oposición aplauden la decisión, organizaciones de derechos humanos y defensores del proceso de paz han expresado su preocupación por el posible retroceso en los avances logrados en los últimos años. El país espera con atención los primeros pasos de la administración de Abelardo de la Espriella a partir de agosto de 2026.
