El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, expidió la Resolución 1350 que establece la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, ordenando a todas las instituciones educativas del país —tanto oficiales como privadas, desde preescolar hasta media— incorporar de forma transversal y obligatoria el enfoque de género y la educación sexual integral en sus planes de estudio. La medida, que regirá durante la próxima década, exige que estos contenidos se integren en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en los planes de estudio y en las prácticas pedagógicas, con el objetivo de abordar la sexualidad como un ámbito de derechos y ciudadanía desde un enfoque de derechos humanos, género, diversidad e interseccionalidad.
La política no se limita a la enseñanza de anatomía o prevención de enfermedades, sino que prioriza la toma de decisiones autónomas, el consentimiento, la prevención de violencias y el respeto a la diferencia. Los contenidos deberán basarse en evidencia científica y ajustarse al desarrollo evolutivo de cada grupo de edad, incluyendo temas como identidad y orientación sexual, derechos reproductivos, relaciones afectivas sanas y acceso a servicios de salud. Además, la resolución exige la participación activa de estudiantes, familias, docentes y directivos en la construcción y revisión de los contenidos, así como la adaptación a las realidades culturales y territoriales de cada región del país.
Poblaciones incluidas y formación docente
La política cubre todos los niveles educativos —preescolar, básica y media— y contempla de manera explícita a poblaciones diversas, como estudiantes indígenas, afrocolombianos, Rrom, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, migrantes y víctimas del conflicto armado. Para garantizar su implementación, el Ministerio de Educación deberá definir lineamientos técnicos y pedagógicos, y asegurar capacitación continua a los docentes, incluyendo herramientas para reconocer y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación o violencia. Las instituciones educativas, por su parte, tendrán la obligación de contar con mecanismos de seguimiento y evaluación interna, y de garantizar espacios seguros y confidenciales para los estudiantes, incluso en contextos de emergencia, desastre o crisis humanitaria.
Monitoreo y recursos
Las autoridades territoriales, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste con indicadores y recursos asignados. La resolución establece que la política se mantiene vigente en cualquier situación de emergencia, lo que subraya el compromiso del Estado de no interrumpir la educación integral en sexualidad, incluso en escenarios de crisis. Con esta medida, el Gobierno busca que la sexualidad sea abordada en las aulas como un componente esencial de la formación ciudadana, basado en el respeto a la diversidad y en la garantía de derechos para todos los estudiantes, sin importar su origen, condición o identidad.
