El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Educación y Salud, expidió la Resolución 1350, un documento que establece la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el período 2026-2035. Esta normativa obliga a todas las instituciones educativas del país, tanto oficiales como privadas, desde preescolar hasta la educación media, a incorporar de manera transversal y obligatoria el enfoque de género, derechos humanos y diversidad sexual en sus planes de estudio, Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y prácticas pedagógicas. La medida, impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro, busca formar capacidades en niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones autónomas y responsables sobre su cuerpo y vida sexual, además de prevenir violencias, discriminación y promover la equidad de género.
Una política transversal y articulada
Con la nueva resolución, la educación sexual dejará de ser una materia aislada para convertirse en un componente articulado que atraviese toda la vida escolar. Los contenidos deberán abordar temas como la identidad y orientación sexual, los derechos reproductivos, las relaciones afectivas sanas, el consentimiento y la prevención de violencias y discriminación. La norma exige a los colegios rediseñar sus contenidos, capacitar a los docentes y establecer mecanismos internos de seguimiento y evaluación. Además, la política debe mantenerse vigente incluso en contextos de emergencia, desastre o crisis humanitaria, y su aplicación está diseñada bajo lineamientos de derechos humanos, género, enfoque étnico-cultural, discapacidad e interseccionalidad.
La política tiene un alcance poblacional amplio y diferencial, aplicando a comunidades indígenas, afrocolombianas, Rrom, personas con discapacidad, población con diversidad sexual, migrantes y víctimas del conflicto armado. El Ministerio de Educación será el encargado de definir y actualizar los lineamientos técnicos, así como de garantizar una capacitación continua para los docentes. De igual forma, se exige la participación activa de estudiantes, familias, docentes y directivos en la construcción y revisión de los contenidos. Las instituciones educativas también deberán garantizar la existencia de espacios seguros y confidenciales donde los estudiantes puedan expresar sus inquietudes sin temor a represalias, según lo estipulado en la resolución que sustituye la anterior política de educación sexual en el país.
