El representante a la Cámara Gabriel Becerra, director nacional del Pacto Histórico, presentó el pasado 14 de julio una proposición ante la Mesa Directiva del Congreso con el objetivo de impedir que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026, se realice en una guarnición militar. Becerra exige que se cumpla el artículo 192 de la Constitución Política, el cual establece que el acto de posesión del presidente electo debe efectuarse ante el Congreso de la República, y solo de forma excepcional ante la Corte Suprema o con dos testigos si no es posible ante el Legislativo. La controversia gira en torno al traslado de la sede del Capitolio Nacional a una instalación militar no especificada, una decisión que el equipo del presidente electo ya tiene lista a través de otra proposición que pide el traslado extraordinario y excepcional del Congreso para sesionar en la guarnición el día de la ceremonia.
La proposición de Becerra, dirigida a los congresistas del Senado y la Cámara, argumenta que la posesión ante el Congreso es un principio esencial de la democracia y una expresión directa de la soberanía popular. En su escrito, el representante recordó los artículos 188, 189 y 219 de la Constitución, que definen a la fuerza pública como un cuerpo profesional, no deliberante y subordinado a la autoridad civil. Becerra sostiene que el reconocimiento a la fuerza pública debe hacerse preservando ese carácter civil subordinado, y no trasladando un acto propio del poder civil a un recinto militar. En paralelo, la proposición del equipo de Abelardo de la Espriella solicita el traslado de la sede del Congreso para llevar a cabo la posesión en la guarnición como un homenaje institucional a la fuerza pública.
El pulso por la sede de la posesión
En un video difundido en redes sociales, Gabriel Becerra fue enfático al señalar que “el Congreso de la República es una rama independiente del poder civil y, como tal, su función es cumplir con la Constitución, con la Ley Quinta y con lo que mandata la Corte Constitucional”. Añadió que “rendir honor a nuestros militares y a nuestros policías no es irrespetar el carácter civil de la posesión presidencial”. En contraste, la proposición del equipo del presidente electo, citada textualmente, sostiene que la medida responde a la voluntad de De la Espriella de realizar la ceremonia “como reconocimiento institucional a la fuerza pública”. Becerra, además, amenazó con que su bancada en el Pacto Histórico y otros congresistas se abstendrían de asistir al acto si se avala la posesión en una guarnición militar, y cerró su mensaje con una frase contundente: “La República se respeta”.
“Precisamente por ese respeto considero que el mayor homenaje que puede rendírseles no consiste en trasladar a una instalación militar un acto propio del poder civil, sino en preservar el carácter profesional, no deliberante y subordinado a la autoridad civil que les asignan los artículos 188, 189 y 219 de la Constitución Política”.
Gabriel Becerra, representante a la Cámara y director nacional del Pacto Histórico
El contexto de la disputa incluye las políticas implementadas por el Gobierno saliente de Gustavo Petro, que según Becerra ya han dignificado a la fuerza pública mediante la nivelación salarial, el pago a soldados y auxiliares, y la recuperación de la mesada 14. Para el representante, ese reconocimiento no requiere trasladar el acto civil de posesión. De fondo, el debate expone una tensión entre la interpretación constitucional y la voluntad simbólica del presidente electo, mientras el Congreso deberá decidir si acoge la proposición de Becerra o la del equipo de De la Espriella, que invoca la Ley 5 de 1992 como reglamento del Legislativo. La posesión del 7 de agosto se perfila como un escenario de confrontación entre dos visiones sobre el lugar que debe ocupar la fuerza pública en la democracia colombiana.
